Carmen Castilla y Francisco Carbonero.
Los sindicatos de clase, UGT-A y CCOO, han optado por romper relaciones o distanciarse del Gobierno andaluz por primera vez en 20 años. A la decisión de la dirección andaluza de UGT de no acudir a los actos institucionales organizados por la Junta (incluida la presentación de los presupuestos autonómicos de 2015, ni por los partidos que la sustentan (PSOE-A e IU), se ha unido CCOO, que ayer anunció que sin UGT no se sentará con la Consejería de Hacienda a negociar las cuentas del año que viene para que no se visibilice una ruptura de la unidad de acción con el sindicato hermano. El secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, reprochó a la presidenta andaluza, Susana Díaz, su torpeza para afrontar las crisis que han provocado sus chapuzas administrativas en casos que investiga la justicia como los ERE irregulares o el fraude en los cursos de formación a parados. Precisamente la ruptura de UGT-A con la Junta deriva de la decisión del Gobierno andaluz de reclamar al sindicato el reintegro de 15,3 millones de euros en ayudas a la formación sin justificar.
Concertación social. Este cisma o distanciamiento entre los agentes sociales y la Junta sobreviene en un momento complicado, porque el nuevo acuerdo de concertación social está en punto muerto, y la vigencia del anterior expiró hace casi 11 meses. Este tiempo de pasividad, que denuncian tanto los sindicatos como la patronal, no tiene antecedentes. La concertación social es la agenda política y económica que el Gobierno andaluz pacta con los agentes sociales para ordenar las prioridades en el gasto público, fundamentalmente encaminadas a la creación de empleo. Pero los procesos judiciales en los que se ha visto envuelto la UGT-A han hecho que la Junta eche el freno, preocupada por el descrédito de los sindicatos, y reconsidere el modelo de concertación social que ha funcionado en Andalucía durante 15 años. La propuesta, aunque lleva paralizada desde que se enunció, es abrir la mesa de negociación a más actores sociales, por ejemplo, los representantes de las pequeñas y medianas empresas (Cepes) y de los autónomos (ATA). El último acuerdo de concertación que se firmó data de 2009, en el umbral de la crisis económica que luego lo devastó todo. CCOO y UGT siguen defendiendo que la financiación de las administraciones es el futuro, pues de ella depende el reparto de la riqueza y de las igualdades.
Las direcciones regionales de CCOO y UGT, que representan juntas a miles de trabajadores, admiten que su relación con el Gobierno andaluz se ha deteriorado desde la llegada a la presidencia de Susana Díaz. La movilización activa de ambos sindicatos en las últimas elecciones autonómicas permitió, según reconoció el propio PSOE, amortiguar la sangría de votos socialistas, impidiendo que el PP-A alcanzara una mayoría suficiente para gobernar en solitario. El enfriamiento de las relaciones entre sindicatos y el PSOE tiene mucho que ver la investigación emprendida por Mercedes Alaya, jueza del caso ERE, sobre la supuesta financiación irregular de UGT-A y el uso indebido de fondos públicos para cursos de formación (verano de 2013). La jueza, que también ha detectado irregularidades en la participación de UGT-A en algunos de los ERE investigados, rastreaba la facturación falsa y el desvío de fondos en la organización desde octubre. En diciembre de 2013 ordenó a la Guardia Civil el registro de la sede central del sindicato, el de otras tres sociedades vinculadas a éste y el despacho de abogados del exalcalde de Sevilla Manuel del Valle, que preside una de estas empresas y asesoró a la UGT-A. En paralelo, la Junta abrió una investigación interna contra el sindicato, que hasta la fecha se ha saldado con la reclamación de 15,3 millones de ayudas, supuestamente gastadas de forma irregular, facturadas a cursos de formación de parados, pero invertidas en fines propios (obras en la sede, comidas en la Feria, regalos de maletines falsificados). La investigación de Alaya precipitó, el pasado noviembre, la dimisión del exsecretario general Francisco Fernández, ahora imputado en la causa de los cursos de formación, junto con su antecesor, el histórico líder de UGT-A durante 16 años, Manuel Pastrana.
Carné socialista. El pasado miércoles, UGT-A celebró un consejo ordinario al que asistieron los secretarios generales de las uniones provinciales, las federaciones regionales y la comisión ejecutiva regional, donde se decidió por unanimidad de todos los miembros que no se iba a asistir a la presentación de los Presupuestos de la Comunidad para 2015, por dos motivos: Primero, para trasladar con este gesto a la Junta el malestar por la causa general abierta contra UGT. Hecho este que ya dejamos patente la semana pasada con la presentación de los recursos por vía contencioso-administrativa en los juzgados de Sevilla contra la Junta, advierte el sindicato en un comunicado. La segunda razón es el rechazo en sí a los presupuestos. En esta nota, UGT-A sostiene que es totalmente falso que a los afiliados que tengan la doble militancia (PSOE y UGT-A), se les vaya a exigir posicionarse, preferentemente en favor del sindicato.
