El sindicato CCOO , que denunció ante la Fiscalía Superior de Andalucía que una empresa de telemarketing, con ramificaciones en las provincias de Granada, Jaén y Málaga, había utilizado a discapacitados para el cobro de subvenciones públicas de la Junta de Andalucía, cuantificó ayer el posible fraude en un millón de euros y calculó que puede haber más de 150 trabajadores afectados.
No obstante, desde el sindicato, que motivó con su denuncia que el Ministerio Público abriera una investigación, se cree que por ahora se ha descubierto "la punta del iceberg" y que podría haber muchos más perjudicados, incluso en otras provincias como Sevilla, y que el fraude podría incluso alcanzar cifras "muy superiores".
Así lo señaló a Europa Press Ricardo Flores, secretario provincial del sindicato en Granada, que fue quien tuvo en primer lugar conocimiento a través de la Federación Granadina de Discapacitados Físicos y Orgánicos (Fegradi) de posibles irregularidades en la empresa Maketing Finance & Professional Contact Center, S.L. Esta empresa es un Centro Especial de Empleo que se dedica al telemarketing, y, según el sindicato, en menos de seis meses había despedido a las personas con discapacidad que previamente había contratado, unos 50 trabajadores.
Por su parte, el consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, aseguró ayer que fue su departamento el que interpuso "la primera" denuncia ante posibles irregularidades, y descartó que se trate de un caso generalizado. Asimismo, señaló que cuando se demuestre que la empresa es inocente o culpable, es "cuando se actuará".
Por manifestaciones de los empleados despedidos, el sindicato pudo conocer que la empresa se dedicaba a contratar a discapacitados de forma indefinida y a tiempo completo (requisitos necesarios para recibir las máximas subvenciones), pero después se les despedía sin razón aparente. Luego contrataba a nuevas personas que a su vez también eran despedidas.
Los trabajadores manifestaron que habían sido sometidos a condiciones laborales "vejatorias y contrarias a la legislación laboral y a las normas de prevención de riesgos laborales y que se habían sentido maltratados, humillados, acosados y estafados" por las prácticas de la empresa, que, entre otras cosas, según CCOO, hacía firmar a los empleados un contrato indefinido y nada más firmar se les obligaba a tomar vacaciones; les obligaba a firmar nóminas que luego no cobraban; no les facilitaban las adaptaciones del puesto de trabajo (subvencionadas por la Junta de Andalucía) necesarias para que las personas con discapacidad realicen su trabajo; o se les ofrecía nula información en prevención de riesgos laborales.
Asimismo, enviaba a personas con movilidad reducida a vender productos fuera de las instalaciones de la empresa sin facilitarles ningún medio de locomoción ni pagarles el desplazamiento; y en otros casos, personas con hipoacusia (pérdida parcial de la capacidad auditivia) eran destinadas a atender el teléfono.
El sindicato interpuso denuncias ante la Inspección de Trabajo, instancia ante la que también denunciaron 25 trabajadores. Posteriormente, la Inspección confirmó las situaciones denunciadas y levantó infracción por ello. CCOO asume la defensa jurídica de los trabajadores.
