Ante una cada vez más próxima reforma de la actual Ley de Cajas, prevista para el segundo semestre de este año, los agentes implicados comienzan a mostrar sus propuestas.
Ayer lo hizo CCOO, que dio un giro de 180 grados a la posición mantenida hasta ahora sobre uno de los asuntos más controvertidos que afectan a estas entidades, y que no es otro que el debate de si hay que dotar de derechos políticos o no a las cuotas participativas.
Estas cuotas no son más que una especie de acciones (similares a las que conforman el capital de las empresas), con el rasgo distintivo de que, contrariamente a lo que ocurre en otras sociedades, en las cajas quienes las tienen no cuentan con derechos políticos, es decir, no tienen voto en la gestión directa de la entidad. En España, sólo la CAM tiene emitidas estas cuotas.
Hasta ahora CCOO era partidario de continuar así, basándose en que las cajas no perdiesen su fuerte componente social, diferenciador de los bancos, y considerando que otro escenario equivaldría a una privatización de estas entidades, pero ayer su responsable de servicios financieros Comfia, José María Martínez, expresó su respaldo a que esta situación cambie.
Así, consideró que es necesario establecer nuevas vías de capitalización para las cajas, siempre que se establezcan límites para que mantengan su naturaleza y función social. Argumentó que ante los mayores requerimientos de capital en el sector financiero, se trataría de hacer atractivas en los mercados las cuotas participativas, instrumentos con los que cuentan en la actualidad las cajas, con el fin de reforzar la solvencia de estas entidades.
No obstante, incidió en que esos derechos políticos mantengan el actual modelo en el que los representantes de la sociedad civil, trabajadores y clientes cuentan con la mayoría del control de la entidad, y que no se escindan la parte financiera y la fundacional de las cajas.
Sobre los límites que deberían establecerse, explicó que no se trata de fijar un porcentaje específico, sino de "conformar un nuevo grupo" que pueda aplicarse de forma flexible a cada caso, manteniendo el poder de los representantes en las asambleas. "Es absolutamente necesaria una mayor capitalización que mantenga el modelo de cajas. El país lo necesita".
En cuanto a si limitar los derechos políticos de las cuotas podría restarles atractivo, consideró que el interés de los inversores radicará en la rentabilidad de las entidades, ya que lo que recibirán es una especie de dividendo. "Nadie que acuda a una ampliación de capital de un banco piensa que va a tener la mayoría del capital. Eso no es lo que hace atractivo el instrumento, sino su rentabilidad y que (los titulares) puedan expresar su opinión en la junta de accionistas o la asamblea general", aseveró.
En Andalucía, el presidente de Cajasol, Antonio Pulido, abrió hace varias semanas ese mismo debate como una eventual vía para captar capital, aunque sin desvelar sus preferencias.
