La enorme alarma social que provocó el secuestro y posterior asesinato, presuntamente por un hombre que antes había abusado de otras menores, de la niña Mariluz Cortés ha tenido una rápida y merecida respuesta del Congreso de los Diputados. El voto por unanimidad de todos los grupos a la creación de un registro estatal de condenados por pederastia, el endurecimiento de las penas por un delito especialmente repugnante y el cumplimiento íntegro de aquéllas demuestra que esta vez que los intereses partidistas se han sacado de un debate reclamado por la sociedad tras el caso Mariluz. La democracia dotará así a la justicia de instrumentos más eficaces para evitar graves fallos de control de los tribunales que han tenido consecuencias especialmente dramáticas. Al mismo tiempo la revisión del Código Penal, que conllevará la decisión parlamentaria, hará reflexionar a un buen número de potenciales delincuentes antes de cometer ese tipo de barbaridades. La decisión del Congreso se producía precisamente el mismo día en que era desmontada una importante red de pornografía infantil en internet. Y es que la red está siendo el escenario elegido por muchos pederastas parta moverse con absoluta impunidad. Por eso la modificación de la legislación que regula este tipo de abusos está todavía más justificada y se adecua un poco más a los tiempos y a los peligros que supone la utilización delictiva de las nuevas tecnologías. La rápida respuesta parlamentaria es también un éxito personal del padre de Mariluz, Juan José Cortés, un hombre que ha dado un gran ejemplo de serenidad a todo el país tras sufrir la peor de las desgracias. Ahora sólo cabe esperar que la reforma se ponga en marcha cuanto antes y que el registro de los pederastas no suponga vulneración alguna del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los delincuentes. Porque éstos también son valores supremos que hacen más fuerte a la democracia.
