El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha presentado esta mañana en el Parlamento su Informe sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo, que hace balance de los últimos 20 años. En sus conclusiones, exige una moratoria para ampliar la protección del litoral a 500 metros (y no a los 100 actuales), con el fin de proteger la costa que aún queda sin ladrillo. Chamizo propone que en ese tiempo se abra un periodo de reflexión entre las administraciones y se perfile la legislación, de forma que no sean los ayuntamientos los que decidan sobre las licencias, sino que éstas tengan el consentimiento de un órgano superior. Respecto a las viviendas ilegales de la costa andaluza, el Defensor se muestra partidario de la demolición, aunque sea una salida dolorosa para algunas familias, y sostiene que con esos gastos deben correr tanto los promotores como los compradores, y no las arcas municipales.
Igualmente, recomienda que se endurezcan las penas por delitos urbanísticos y que se incremente la transparencia sobre esta materia en todas las administraciones. Respecto a la apuesta de la Consejería de Vivienda para sacar a la venta un stock de 70.000 casas en la comunidad, Chamizo entiende que es "chocante" que no se haya impulsado antes, al tiempo que abogó por seguir incentivando el alquiler. En su repaso a 20 años de urbanismo, la oficina del Defensor ha detectado una variable importante: si en los primeros 15 años era la administración la que se desmandaba, ahora son los particulares los que, de forma puntual, incumplen las leyes urbanísticas.
