Año tras año, a la oficina del Defensor del Menor llegan un aluvión de quejas relacionadas con la escolarización donde, según reconoce José Chamizo en su informe anual, el "fraude" y la "picaresca" se han convertido en una "lacra" muy extendida que reclama perseguir con medidas "sancionadoras" rigurosas "impopulares pero necesarias" que pasen no sólo por quitar puntos a quienes falsean datos sino por suprimirles todos sus derechos e incluso perseguir estas conductas penalmente. No obstante, al margen del fraude, Chamizo también alerta de disfunciones en los criterios de baremación que Educación ya estudia modificar, disfunciones surgidas en parte a raíz de los cambios sociales en el modelo de familia.
Así, en su informe anual -entregado ayer en el Parlamento- Chamizo alude a la "posible vulneración del principio de igualdad y no discriminación por razón de nacimiento" que supone conceder dos puntos para el acceso a una plaza escolar a los hijos de familias monoparentales, aplicando una distinción jurídica entre "hijos matrimoniales y no matrimoniales" que para el Defensor recuerda a la "desterrada distinción que existía en el Derecho Civil entre hijos legítimos y naturales". Para Chamizo, "pretendiéndose en principio, beneficiar con una discriminación de carácter positiva" a familias cuya estructura difiere del concepto tradicional "se está dejando fuera de la cobertura de dicha norma, y por lo tanto, negando sus beneficios, a aquellos niños y niñas nacidos de parejas de hecho cuya convivencia ha cesado, o a aquellos otros cuyos progenitores, habiendo contraído matrimonio, viven separados de hecho, aunque no de derecho".
Las quejas relacionadas con el sistema educativo, no sólo por el fraude en la escolarización sino también por la falta de plazas y recursos para alumnos con especiales dificultades o la violencia en las aulas, representan el 58% de las 1.275 recibidas por el Defensor del Menor el año pasado, un 20% más que el año pasado. Pero junto a éstas, Chamizo también destacó el elevado número de denuncias y llamadas al Teléfono del Menor (el 24% de las 671 recibidas) referidas a conflictos familiares.
En este punto, Chamizo pidió a los adultos que "den ejemplo" y a las familias que se involucren "en la transmisión de valores", al vincular la pérdida de referentes "emocionales" con muchos trastornos de conducta entre los menores que, insistió, carecen de una red de centros públicos para su tratamiento y además se exige para su internamiento que las familias renuncien a su tutela.
Chamizo se refirió especialmente a la necesidad de regular los medios materiales y humanos y los derechos y deberes de los usuarios o sistemas de reclamaciones de los puntos de encuentro familiar para el intercambio de los hijos de padres separados que no pueden acordar un régimen de visitas sin la intervención del juez. "Muchas veces se añaden a la cadena de problemas entre los padres", denunció.
