El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, recibió el año pasado 424 quejas relacionadas con aspectos medioambientales, la mayoría por problemas de los vecinos con la contaminación acústica de su entorno. Chamizo reconoce en su informe anual que si hace cuatro o cinco años recibía un aluvión de reclamaciones por los botellones, la prohibición de este fenómeno en las ordenanzas municipales ha surtido efecto, pero "el problema del ruido no ha sido ni mucho menos erradicado". Lo que han cambiado son "los focos de incidencia" que han pasado de las calles y plazas de los municipios a "los bares, pubs y discotecas".
La institución acaba de dictar una resolución por la que insta a la Consejería de Gobernación a modificar la orden que regula los horarios de estos locales en función de dónde se localicen. "Y es que, con el régimen vigente en la actualidad, el horario de apertura y cierre de una discoteca o de un pub puede ser el mismo, con independencia de que se ubique en pleno barrio residencial de un municipio o en una zona destinada, principalmente a uso industrial", señala la resolución.Para el Defensor, la contaminación acústica puede vulnerar "derechos fundamentales de los vecinos de zonas dedicadas a uso residencial", por lo que insta a la Junta a modificar la normativa para que los horarios de los establecimientos "sean modulados en función del tipo de actividad desarrollada y del uso predominante del suelo en el que se emplacen".
En este caso, Chamizo reclama una modificación de la normativa autonómica pero en su informe anual, el Defensor destaca que ya existe cierta regulación en materia de ruidos que en algunos aspectos resulta suficiente pero recrimina a los ayuntamientos su dejadez para hacerla cumplir. La memoria refleja varios ejemplos de inspecciones realizadas por la Defensoría, a raíz de quejas de particulares como la de un vecino de Arquillos (Jaén), en las que constató incumplimientos de los niveles permitidos de ruidos de varios locales, algunos de ellos carentes incluso de la licencia exigida para ejercer su actividad. Pese a comunicar las irregularidades detectadas a los correspondientes consistorios, no hubo sanciones ni ordenaron el cese de actividad a los locales.
El informe también recrimina el mal uso municipal de la declaración de Zona Acústicamente Saturada que debe ser "un medio" para corregir el problema y no "un fin en sí misma". El reglamento exige que si una zona sobrepasa en diez decibelios los límites señalados, sea declarada como tal. Esta declaración tiene vigencia durante un año, periodo durante el cual el consistorio debe controlar su evolución con inspecciones trimestrales, puede suspender licencias de locales de la zona que incumplan la normativa y no dejar abrir más establecimientos.
Sin embargo, el Defensor pone el ejemplo de la capital cordobesa, donde el ayuntamiento declaró el Vial Norte como Zona Acústicamente Saturada y durante un año suspendió la concesión de licencias de apertura. Sin embargo, durante ese tiempo no realizó mediciones de ruidos pese a las denuncias vecinales ni puso medidas correctoras y una vez pasado el año, reanudó la concesión de licencias.
