El Defensor del Pueblo Andaluz , José Chamizo, ha puesto en cuestión el sistema de elaboración de los certificados de idoneidad que necesitan las familias que optan a adoptar. Desde 2008, la Consejería de Igualdad tiene encomendada la evaluación de estas familias a una única empresa, Eulen, un trabajo que antes realizaban técnicos de la Junta y posteriormente una especie de turno de oficio de psicólogos y trabajadores sociales a través de convenios con los colegios profesionales. En una resolución, Chamizo cuestiona la externalización de este trabajo que implica "cierta intromisión en el derecho a la intimidad" de las personas evaluadas y, sobre todo, muestra su preocupación por que "sea una única empresa para toda Andalucía la que haya asumido la realización de estas funciones". Su propuesta es retomar los convenios con los Colegios Profesiones de Psicólogos y Trabajadores Sociales para al menos permitir a las parejas que aspiran a adoptar cuyo informe sea negativo recabar una segunda valoración que aportar en sus alegaciones.
En la resolución, Chamizo critica que en las entrevistas personales y los informes que deben presentar las familias que quieren adoptar, debe revelar "datos muy íntimos a personas desconocidas vinculadas laboralmente a la empresa privada", lo que "puede poner en tela de juicio" las garantías de privacidad y de que tales datos no se usen para otros fines. "La Junta de Andalucía supervisa la intervención de la empresa pero no del modo tan directo con que supervisa a su propio personal", alega.
El Defensor también critica el monopolio de Eulen y aboga por "la posible partición del contrato por lotes" para que no fuera la única empresa seleccionada para esta laboral, así como retomar los convenios con los colegios de psicólogos y trabajadores sociales para permitir a las familias acudir a profesionales voluntarios de éstos "en el supuesto de que precisaran un informe con que matizar o contradecir las conclusiones de la empresa contratada por la administración".
La resolución, realizada a raíz de las quejas presentadas por familias que recibieron una valoración negativa, cuestiona el exceso peso que aspectos "muy subjetivos" tiene sobre criterios objetivos como los medios económicos de los que se dispone para garantizar el bienestar material del menor. Chamizo propone que los criterios valorativos sean ponderados y con todo, reclama a la Junta que elabore un manual para "homogeneizar" los instrumentos, procedimientos y criterios a usar en la valoración y un formato único de informe.
Ante las quejas de familias por un trato "peyorativo" por parte de la administración, reclama a Igualdad que "vigile de forma estrecha la información que se solicita", cuidando que sea "pertinente" y evitando "intromisiones innecesarias en la intimidad". Incluso propone grabar las entrevistas, con permiso de la familia, algo que Igualdad ya realiza ocasionalmente. Además, exige que la valoración no tarde más de los seis meses que prevé la ley y que, tanto si el informe es positivo o negativo, se dé una copia a la familia. Según Chamizo, los informes negativos se retrasan mucho más que los positivos y limitan el plazo para alegar.
