M. Ruiz Rico / I. Carretero
Tres meses. Ése es el plazo máximo que se da la Junta para ponerse al día y resolver todas las solicitudes de prestaciones para atención a personas dependientes que tiene amontonadas en sus oficinas. El propio presidente Chaves admitió que hay "demora", aunque la consejera Micaela Navarro previó acabar el año con 5.000 peticiones resueltas.
PP e IU devolvieron al Parlamento andaluz sus quejas sobre las dificultades que se está encontrando la Junta para implantar la Ley de Dependencia. Lo que para la portavoz de la federación de izquierdas, Concha Caballero, es sólo "mucha propaganda y poca realidad", para el presidente de la Junta, Manuel Chaves, son sólo problemas en el engrase inicial de la maquinaria debido a que las administraciones han recibido más solicitudes de las esperadas.
El jefe del Ejecutivo entonó el mea culpa -"hay demora, sí, y me hago responsable", reconoció-, aunque puso un compromiso encima de la mesa: "En tres meses se normalizará la situación para alcanzar la velocidad de crucero".
Pese a la autocrítica sobre los plazos, las cifras de Chaves sitúan a Andalucía en cabeza en la puesta en marcha del cuarto pilar del Estado del Bienestar, con un 55% de todas las valoraciones que se han realizado en España, un 58% de los dictámenes y 58% de las prestaciones a las que se ha dado el visto bueno en todo el país.
"Es Andalucía la responsable de más de la mitad de la gestión a nivel nacional, incluyendo tanto a comunidades del PSOE como del PP", sostuvo el presidente andaluz, que no exoneró de los retrasos a los ayuntamientos. "Todos somos corresponsables y si me dice que la Junta más, acepto ese plus", argumentó el presidente.
Frente a esa lectura, la de los grupos de la oposición. Tanto Caballero como Teófila Martínez (PP) criticaron que la Junta pretenda subsanar los errores garantizando que los derechos serán retroactivos. "¿Y si un enfermo terminal que espera una plaza residencial se muere antes? ¿Y cómo se garantiza la retroactividad cuando se tiene derecho a la atención personalizada?", se preguntó la diputada.
Martínez, menos diplomática, concluyó tras repasar una retahíla de incumplimientos que los socialistas no saben gestionar: "Son ustedes unos inútiles", espetó al grupo del PSOE durante su intervención en la sesión de control al Gobierno socialista.
Por la tarde, ya fuera del Parlamento, la presencia del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en Sevilla le sirvió a la Junta para reforzar las tesis del Ejecutivo autonómico. El ministro fue contundente: "Andalucía ha trabajado muy bien, y está a la cabeza en la aplicación de la ley", afirmó. Caldera aseguró también que la mitad de las personas valoradas en toda España por los comités que deben decidir el nivel de dependencia son andaluzas.
La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, que visitó junto a Caldera a los primeros 50 andaluces familiares de dependientes que van a recibir ayudas en la comunidad y en España "a partir del próximo lunes", señaló que está habiendo retrasos porque el sistema para poner en marcha las prestaciones para la dependencia es "muy complejo", pero "todas las ayudas se cobrarán, incluso con carácter retroactivo", insistió.
La consejera adelantó también que las previsiones de la Junta pasan porque a mediados de diciembre haya más de 2.000 personas en disponibilidad de recibir las prestaciones y a finales de año serán ya unos 5.000 andaluces. Todas estas personas, según recoge la norma, serán dadas de alta en la Seguridad Social, con coste a cargo del Estado, y cobrar la ayuda estipulada, de entre 390 y hasta 487 euros mensuales.
Caldera, que negó con rotundidad que los cuidadores de dependientes se sientan frustrados por los retrasos en la aplicación de las prestaciones, señaló que el objetivo del Gobierno es que para finales de año el número de grandes dependientes atendidos -a los que se presta atención en la primera fase de las previstas por la ley- será de 200.000, una cifra que se doblará el año próximo cuando se atienda a las personas con dependencia severa.
