La capital del Tíbet, Lhasa, vivió ayer una tensa calma en espera de que acabara el ultimátum para que los causantes de los disturbios se entreguen a las autoridades chinas, quienes niegan haber usado armas para sofocar los incidentes en los que hubo 13 muertos, según el Gobierno chino, y un centenar, según el exilio tibetano. La conminación del gobierno de Pekín, con clemencia para quienes se entreguen y castigos severos para los que no lo hagan, expiró a medianoche, hora local.
La situación en la capital tibetana llevó al presidente de la región autónoma, Qiangba Puncog, a comparecer ante la prensa para justiciar la actuación del ejército chino: "Me gustaría saber si hay algún Gobierno defensor de la democracia y vigencia de la ley que tolerara tal violencia", dijo.
Mientras, organizaciones independentistas tibetanas señalaron que las protestas se han extendido a otras zonas de la Región Autónoma del Tíbet y las provincias chinas limítrofes, con un número indeterminado de muertos y heridos.
Con todo, la normalidad regresó a Lhasa y se reabrieron las escuelas e institutos, salvo dos, que resultaron dañados en los más de 300 incendios provocados el pasado día 14. No obstante, continúa tomado militarmente el centro histórico, por el que "transitan los habitantes locales y circulan los vehículos, pero no los extranjeros", según un testigo.
