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Cinco fosas esperan que Garzón retome la causa de la represión

Hace un año, el juez Garzón regaló a las familias de los represaliados del fascismo la mejor de las noticias: quería juzgar los crímenes de lesa humanidad de la Guerra Civil y la dictadura. Los conflictos de competencias, aún en el Supremo, han parado el proceso. Cinco fosas de Andalucía aguardan a la burocracia judicial.

el 16 sep 2009 / 07:49 h.

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Hace un año, el juez Garzón regaló a las familias de los represaliados del fascismo la mejor de las noticias: quería juzgar los crímenes de lesa humanidad de la Guerra Civil y la dictadura. Los conflictos de competencias, aún en el Supremo, han parado el proceso. Cinco fosas de Andalucía aguardan a la burocracia judicial.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dio una orden clara: los cementerios y ayuntamientos de Sevilla y Córdoba debían ofrecerle toda la información posible sobre los fusilados en la contienda y las familias debían aportar todo el material que tuvieran sobre sus allegados. Así llegaron más de 22.000 fichas de andaluces -144.000 de toda España- que desaparecieron o murieron a manos de los aliados de Franco. Eso fue el 1 de septiembre de 2008. Un mes después, el magistrado ordenó la apertura de 19 fosas, de las que cinco se encuentran en la comunidad andaluza: Córdoba, Alfacar (Granada), y La Palma del Condado, Bonares y Niebla (Huelva). Son la tumba de no menos de 300 andaluces, según los historiadores.

Sin embargo, la orden se paralizó, porque la Audiencia Nacional emitió en noviembre un dictado en el que negaba que Garzón fuese competente para enjuiciar esta causa, que debería ser remitida de nuevo a los juzgados provinciales. En el caso de la fosa de Alfacar -donde se encuentra, junto a cuatro cuerpos más, el de Federico García Lorca-, una juez de Granada se inhibió también, porque consideraba que el caso correspondía a un "crimen de lesa humanidad" que escapaba de sus competencias. Ante esta disyuntiva, Garzón pidió al Tribunal Supremo que dilucidara quién debe hacerse cargo del caso, y en esas está el Alto Tribunal un año después.

Ahora la Junta ha abierto un periodo de 15 días de alegaciones -acaba el 10 de septiembre- contra la apertura del enterramiento; esto es: se adelanta al auto judicial e intentará abrir la fosa, porque tiene competencias para hacerlo. En el caso de las otras cuatro fosas aún no ha habido actuación de los jueces correspondientes, informan desde la Audiencia Nacional.

sabor agridulce. Las asociaciones de allegados sostienen que este año de vaivenes ha sido "agridulce". Como explica Francisca Maqueda, vicepresidenta de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, a la Audiencia le hacían dos exigencias y sólo una se ha cumplido. "Hemos logrado que Garzón reconociera que se cometieron crímenes contra la humanidad y que se definieran quiénes son sus responsables, aunque estén muertos. Esa meta de verdad, justicia y reparación está cubierta. Sin embargo, le pedimos al Estado que asumiera su responsabilidad en la búsqueda de desaparecidos y eso, por el bloqueo judicial, no se ha logrado. Todo está enmarañado en los juzgados. Al menos, muchos se han sumado a nuestra causa al conocernos", explica.

Cecilio Gordillo, portavoz de CGT y responsable de Todos los nombres, reconoce que el impulso de Garzón "dinamizó socialmente" la lucha de la memoria y dio confianza a gente "que no se atrevía a investigar". Sin embargo, la "confusión" judicial ha hecho que la causa "vuelva a ser opaca".

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