Las más de 7.000 personas que se presentaron a las oposiciones para 116 plazas de auxiliares administrativos para el Ayuntamiento tendrán que esperar al menos dos años para conocer qué ocurre con el procedimiento. Han sido cinco los opositores que han recurrido el examen en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que ya han comenzado a celebrar las vistas. La primera de ellas fue el pasado lunes, aunque la última está fijada para el 11 de septiembre de 2012.
El proceso va a sufrir un retraso importante, más aún si se tiene en cuenta que el Consistorio tardó cinco años en convocar las oposiciones y que ya hace un año que se celebró el examen, porque algunos magistrados no aceptaron acumular todas las demandas en una, pese a que se trata de la misma cuestión. Esto ha obligado a que las demandas estén repartidas y a que haya que celebrar cinco juicios distintos. Además, algunos juzgados aceptaron como medida cautelar dejar paralizado el proceso hasta que se resuelvan los recursos, mientras que otros lo rechazaron. Así, las oposiciones tendrán que quedar a la espera hasta al menos marzo de 2011, fecha en la que se celebra el siguiente juicio. Sin embargo, esto no resta para que la paralización se extienda hasta septiembre de 2012, que es cuando se celebra el último juicio.
Según explicó a Europa Press el abogado de los recurrentes, Manuel Martín, las oposiciones deberían estar paradas hasta 2012. Sin embargo, la defensa de la asociación No a la suspensión precisó que por ahora el límite sería marzo de 2011, ya que el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5, que es el que celebra el último juicio, no aceptó la medida cautelar. No obstante, no descartaron que acabe paralizándose hasta 2012 si la Justicia decide acumular los procesos. Recordaron que en breve habrá una sentencia cuya ejecución se podrá solicitar.
Los cinco recurrentes solicitaron en su demanda la suspensión completa del proceso y que se repitiera el examen celebrado el 29 de noviembre del año pasado. Esta solicitud la plantearon en primer lugar por la vía administrativa, lo que fue desestimado por la Delegación de Recursos Humanos. En sus alegaciones plantean una serie de irregularidades que ocurrieron en el examen. La asociación recordó ayer que dichos problemas se dieron en la prueba para discapacitados y que el resto de opositores no se vieron afectados. En concreto, el problema surgió en varias preguntas que venían señaladas en el cuestionario.
El Ayuntamiento decidió entonces eliminar esas preguntas, ya que el fallo sólo afectó al grupo de discapacitados. "La decisión adoptada, la anulación ipso-facto de las preguntas marcadas, fue la más idónea, sin que se aprecie causa suficiente para la repetición del ejercicio", subrayó la Delegación de Recursos Humanos en una respuesta escrita. Los opositores también se quejaron de que el examen tuviera que responderse a lápiz y que las preguntas no se correspondían con el temario establecido en las bases, a lo que el Consistorio contestó que es el procedimiento habitual y que el cuestionario no incluía nada fuera del temario.
Los opositores protagonizaron entonces varias protestas exigiendo que se repitiera el examen e incluso acudieron al Defensor del Pueblo Andaluz. El procedimiento continuó y en enero de este año se celebró el segundo examen, al que se presentaron algo más de 800 opositores que habían aprobado la primera prueba. En la actualidad, el proceso se encuentra a la espera de que finalice el segundo examen, ya que éste tiene que ser leído ante un tribunal. Una vez que se completen todas las lecturas, los que superen esta prueba, unos 250 aproximadamente, tendrán que presentarse a una tercera centrada en informática.
Reclaman abrir una nueva bolsa de trabajo
El presidente de la asociación No a la suspensión, David Boza, criticó ayer a este periódico el hecho de que los juzgados se hayan negado a acumular todos los recursos, ya que esto supone una "demora innecesaria" para el procedimiento. Además, mientras la Justicia toma una decisión, ellos reclaman al Consistorio que abra una nueva bolsa de trabajo, ya que la actual está agotada. "El Ayuntamiento tiene que recurrir a gente de la bolsa de 2001, que sólo aprobaron un examen, o a tirar del SAE. Nosotros pedimos que cree una bolsa con los que han aprobado hasta ahora, algo que vamos a insistir en cuanto tengamos la primera sentencia firme".
Boza incidió en que los cinco opositores que han recurrido "no tienen legitimación", ya que asegura que "son interinos cuyas notas van desde el 0,73 al 4,2 puntos", por lo que "en ningún caso podrían aprobar". El presidente de la entidad cree que la única motivación de este grupo "es alargar el proceso para ganar más meses de trabajo". Por ello, lamentó esta actitud, ya que hay "miles de personas que depositaron sus esperanzas laborales en unas oposiciones a las que les han dedicado mucho tiempo y dinero".
