La reunión celebrada en Moncloa entre José Luis Rodríguez Zapatero y el Presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, debe enmarcarse en el contexto de la absoluta normalidad que debe presidir las relaciones entre la Iglesia a la que pertenecen miles de fieles y el Estado que representa a todos los ciudadanos.
Es más, resulta procedente subrayar que las cuestiones privadas que afectan a la fe no pueden quedar excluidas de las normas públicas que sustentan el Estado de Derecho y conforman nuestro actual sistema de democracia y libertades en un país laico y aconfesional, tal y como recoge la Constitución Española. Los lamentables episodios protagonizados por el sector radical de la Iglesia en la recta final de la anterior legislatura no pueden volver a repetirse.
Lejos de perjudicar al Gobierno -que volvió a ganar las elecciones- erosionan la imagen y la credibilidad de la propia Iglesia, muchos de cuyos fieles son votantes del partido socialista. La lealtad y el respeto mutuo deben ser la bandera de esta nueva etapa, aunque está por ver aún si el principal partido de la oposición, el PP, decide seguir por la senda de la neutralidad como hasta ahora y alejarse del radicalismo que acompañó a aquellas duras acusaciones contra Zapatero por la legalización de los matrimonios del mismo sexo.
Rajoy parece decidido a suavizar las posiciones, sabedor de que sus opciones sólo pasan por un giro al centro. La Iglesia tendrá ayuda estatal para el encuentro mundial de jóvenes en 2011 y el reconocimiento del Gobierno por la ejemplar labor social que realiza, pero no puede inmiscuirse en la tarea de gobierno, atacando las leyes democráticas y confundiendo religión y política. Por ello, haría bien en rebajar su ira contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Entre Iglesia y Estado no cabe deslegitimarse, sólo el reconocimiento, la independencia y la colaboración mutua.
