La Audiencia de Sevilla acoge desde mañana el juicio contra una madre acusada de matar y congelar a sus dos bebés recién nacidos, que fueron localizados por su marido en dos congeladores de su vivienda de Pilas (Sevilla) en noviembre de 2012, delitos por los que la Fiscalía le pide 40 años de cárcel.
Un jurado popular compuesto por cinco hombres y cuatro mujeres serán los encargados de decidir sobre si la mujer, Sara L.H., es culpable de los dos delitos de asesinato con alevosía de los que está acusada por la Fiscalía y la acusación particular, mientras que su defensa pide su absolución.
La acusada, madre de otros tres hijos, cumple prisión preventiva desde que su marido halló el primer cadáver, el 9 de noviembre del 2012, hallazgo que fue seguido el día 27 de noviembre por la aparición del segundo cuerpo cuando el hombre limpiaba otro congelador de su casa.
Los informes de autopsia indicaron que los bebés, ambos varones, habían nacido vivos tras un embarazo normal de unas 40 semanas y que respiraron antes de fallecer por asfixia, el primero de ellos con una certeza al 90 % de que fue por sumersión en agua.
La madre declaró al juez que sólo recuerda el parto de uno de sus bebés, ocurrido el 25 de junio del 2011, que fue muy rápido, se produjo en la bañera a la segunda o tercera contracción y mientras sus otros dos hijos, de 11 y 14 años, habían salido a jugar a la calle.
A poco de ingresar en la cárcel, la madre dio a luz el 30 de noviembre del 2012 a su quinto hijo, una niña cuya tutela fue otorgada al padre, al igual que la de los otros dos hijos de la pareja.
La acusada ocultó a su marido y a toda la familia los embarazos de los dos bebés congelados y no acudió a ningún ginecólogo, y también lo hizo con la gestación de la nueva hija que tuvo al poco de ingresar en la cárcel.
La Fiscalía incluye la agravante de parentesco y pide una indemnización de 300.000 euros para su marido y de 30.000 euros para cada uno de sus dos hijos mayores.
Tras ser examinada por los psiquiatras del Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla, la Fiscalía considera que la mujer no padece ninguna patología de tipo mental y conserva sus facultades cognitivas y volitivas.
