D.C. / R.V.
La lentitud natural de los tribunales ha provocado que un juez sevillano retire a una mujer la custodia de su hija para dársela al padre, que al poco sería condenado por maltrato. Padre y madre no han dejado de denunciarse desde que se divorciaron hace 7 años. Pero los juzgados han resuelto antes la denuncia contra ella.
María S. estuvo casada tres años con Antonio D. antes de divorciarse. Desde que se rompió el matrimonio han pasado siete años y, durante ese tiempo, María y Antonio se han enfrentado en los tribunales una docena de veces, lanzándose denuncias cruzadas, acusaciones graves que, dada la lentitud natural de los juzgados españoles, se están resolviendo ahora.
María fue condenada hace tres meses por un tribunal que le retiró la custodia de su hija por haberle negado al padre el derecho de visita. El juez entregó la tutela de la niña a su ex marido. Sin embargo, un mes después, otro tribunal condenó a Antonio a un año y nueve meses de cárcel, acusado de pegar a su ex mujer.
Hasta el momento, María se ha resistido a cumplir con la sentencia firme que le obliga a dejar a su hija al cuidado de Antonio. Y, en estas circunstancias, otro juzgado acaba de resolver una nueva sentencia en la que condenan a María a dos años de cárcel por desobedecer el régimen de visitas de la niña, le retiran la patria potestad durante cuatro años en favor del padre y la obligan a pagar a Antonio una indemnización de 30.000 euros por el perjuicio psicológico que le ha causado al haberle negado el contacto con su hija durante más de un año.
La cuestión es: ¿habría dictado el juez la misma sentencia de haber sabido que el padre arrastraba una condena por malos tratos?
Cuando Antonio y María se separaron, ella consiguió la custodia de la única hija que tuvieron y a él se le concedió un régimen de visita: dos horas los martes y los jueves, fines de semana alternos y la mitad de las vacaciones. Pero las reglas del régimen de visitas no tardaron en alterarse.
Desde que Antonio fue condenado por un juzgado de Dos Hermanas por haberla agredido, María, según las sentencias que más tarde la condenarían, aprovechó que el juez obligaba a Antonio a estar separado de ella a 300 metros de distancia para dificultarle las citas con la niña.
La medida de alejamiento obligó a acordar un punto de encuentro, supervisado por la Junta, para que el padre pudiera recoger a su hija sin acercarse la madre. Pero María dejó de llevarla. Según la sentencia que conoció ayer, la acusada aprovechó la orden de alejamiento para "privar a su hija del derecho de relacionarse con su padre".
"Nunca ha permitido las visitas de Antonio D. a su hija los martes y jueves fijados", reza el texto. El juez envió a personal jurídico al domicilio de la mujer esos mismos días para instarle a que llevara a su hija al punto de encuentro. Hasta 108 visitas. Pero, María siempre se negó a abrir. "Es evidente la actitud rebelde de la acusada, así como su interés en que la menor no se comunique con el padre, existiendo una verdadera retención o secuestro de la menor", dice la sentencia.
María piensa recurrir el fallo alegando que se tenga en cuenta la condena de maltrato que pesa sobre Antonio, que no se conocía cuando le retiraron la custodia a ella para dársela a él.
