El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por "comportamiento discriminatorio por razón de sexo" con una enfermera del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, a quien no renovó su nombramiento al estar embarazada.
Esta sentencia es firme, no cabe recurso contra ella y obliga al hospital a readmitir a la enfermera en el mismo puesto de trabajo con abono de sus retribuciones desde el 1 de enero de 2006, fecha en la que se interrumpió su relación laboral con el SAS, según ha informado hoy el Sindicato de Enfermería (SATSE) de Sevilla.
La enfermera trabajaba de forma continuada desde 1998 con nombramientos encadenados por lo que la sentencia considera que su situación es la de un interino.
La relación laboral se interrumpe el 31 de diciembre de 2005 "sin causa o motivo que lo justifique, más allá de su baja maternal que se produce tras dar a luz el 27 de diciembre de ese año", explica el comunicado.
El TSJA sostiene que, pese a la baja maternal, la enfermera no fue cesada al dar a luz, sino que se mantuvo en situación de incapacidad y, una vez expirado el contrato es cuando la Administración decide "con exclusiva razón de la baja maternal de la recurrente no volver a designarla poniendo fin a los derechos que le correspondían a partir de la reciente maternidad".
Esta medida que no se aplicó a compañeros que se encontraban en idéntica situación contractual por lo que el TSJA sostiene que no se produjo por motivos profesionales, sino porque estuviera de baja por maternidad, por lo que considera que el SAS ha incurrido en un "comportamiento discriminatorio por razón de sexo".
SATSE lamenta que, pese a la política de igualdad "que tanto se pregona desde la Junta de Andalucía" sean los tribunales los que "en la práctica tienen que velar por su cumplimiento".
Este sindicato de Enfermería considera que estas sentencias "deberían conllevar que los cargos directivos del Virgen del Rocío fuesen puestos a disposición de la dirección del SAS y de la Consejería de Salud, ya que es imposible que quien ha permitido una actuación de esta índole continúe ejerciendo un cargo directivo sin la lógica sospecha de posibles vulneraciones posteriores".
