Unas 600 familias sevillanas han denunciado este año casos de fraude escolar en los que acusan a otra familia de haber falseado los datos del hijo para entrar en el colegio. La cifra es similar a la de 2007 pese a que Educación esperaba sólo la mitad al completarse la gratuidad concertada en la etapa infantil, acabando así con el embudo en los colegios católicos concertados, que acaparan las denuncias.
El curso pasado reclamaron 731 familias y fue probado el fraude en más de 200. La Policía Autonómica y la Local llevan un mes recabando datos, visitando domicilios, comprobando censos, contratos de trabajo y rentas familiares. Es conveniente recordar en este punto, que más del 90% de los alumnos sevillanos tienen su plaza asegurada en en la cobertura pública educativa de su zona.
El exiguo porcentaje de las denuncias por fraude que investiga la Policía se refiere a los colegios de 'prestigio', centros católicos concertados cuya hipertrofia en la demanda, sin embargo, está provocando un serio desequilibrio educativo e incluso la desaparición de otros centros públicos y concertados de la zona de influencia. Urge un llamamiento a la responsabilidad de los padres para que estos enfrentamientos no acaben judicializando el proceso educativo. Y es que muchas familias no se detienen cuando, con pruebas en la mano, se les retira la plaza.
Trasladan la batalla al juzgado donde se eterniza el proceso, disparando la ratio. La Junta por su parte, debe reflexionar seriamente sobre este problema y analizar qué se está haciendo mal para que muchos padres sigan contratando investigadores en busca de una plaza. La Educación es cosa de todos y no valen trampas, pero es preciso afrontar de una vez algunas situaciones surrealistas de los conciertos escolares que están poniendo en peligro el modelo de educación pública de calidad al que tienen derecho todos los sevillanos.
