Trabajadores, pacientes y usuarios, todos a una. Unas 300 personas, convocadas por el grupo de trabajo en defensa de la sanidad pública del 15M de Sevilla, se concentraron ayer ante las puertas del Parlamento de Andalucía en protesta por el "creciente ataque" que, a su juicio, está sufriendo desde hace unos años el sistema sanitario público y que afecta a un derecho fundamental como es el de la salud. Bajo una lluvia intensa, los manifestantes protagonizaron una breve marcha desde la sede del Parlamento andaluz hasta las puertas del Hospital Universitario Virgen Macarena, en cuyas escalinatas de acceso se realizó una concentración silenciosa, haciendo luego entrega al gerente del complejo hospitalario de un documento que recoge las principales reivindicaciones del colectivo.
Durante la concentración a las puertas del hospital, usuarios, profesionales y trabajadores del sector tomaron la palabra para explicar la realidad del sistema sanitario público. De este modo, se oyeron testimonios como el de Rut Suárez, médica de familia en Las Cabezas de San Juan, quien denunció que los recortes en materia de sanidad "enfrentan a profesionales y usuarios" y crean el "caldo de cultivo" necesario para convencer a la opinión pública de que una sanidad privada daría mejor servicio.
Otra de las personas que tomó el turno de palabra fue Luis Silva, enfermero jefe del bloque de cuidados críticos del Hospital Macarena, quien puso el acento en la campaña generalizada de desprestigio puesta en práctica en los últimos años para desmantelar los sistemas públicos de salud. De este modo, denunció la falsedad del mito que asegura que la sanidad pública es insostenible y defendió, por contra, que España gasta en su sistema de salud un 7% del PIB, mientras que Francia, por ejemplos, gasta el 9% y Estados Unidos el 12%. Igualmente desmintió a quienes insisten en decir que los inmigrantes gastan mucho dinero, "cuando en realidad -dijo- la frecuentación de estas personas está por debajo de la media de los ciudadanos de España".
Chari, trabajadora desde 1984 de la residencia de mayores de Montequinto, también tomó el megáfono para denunciar el "recorte brutal" que está sufriendo "la sanidad de nuestros mayores" y acusar a la administración de cerrar los ojos a la tercera edad. Según censuró esta empleada, la residencia de Montequinto lleva funcionando a medio gas desde hace un tiempo. "Desde junio no hay ningún ingreso y ya hay 110 plazas libres en el centro, derivando a los abuelos a la concertada y a la privada".
Los concentrados hicieron entrega al hospital de un manifiesto que recoge sus principales reivindicaciones. En el mismo señalan que, "con todas sus deficiencias", el sistema actual es "aceptablemente satisfactorio en cuanto provee buenos niveles de salud a un coste razonable". "En todo caso -prosigue el manifiesto- hay que mejorar las deficiencias actuales, como por ejemplo las listas de espera, la atención a la salud mental, la atención bucodental, el déficit de control social y otras cuestiones mediante mayor financiación y profundización en su carácter público". Por último, avisan al gobierno que surja de las próximas elecciones autonómicas que no aceptarán "ningún recorte en su financiación ni en la prestación de servicios".
