La flamante presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal (PP) anunció el martes, en la segunda sesión de su investidura, nuevos recortes, que se suman a los avanzados el lunes cuando se comprometió a reducir en un 60% el número de altos cargos y a suprimir varios organismos públicos, entre ellos el Defensor del Pueblo autonómico. El segundo tijeretazo reducirá de "forma sustancial" la asignación económica que reciben los grupos parlamentarios, así como las subvenciones que perciben los sindicatos y las organizaciones empresariales en la comunidad.
Este anuncio llegó casi al término del primer turno de intervención de Cospedal y después de haberse detenido en temas como el agua, la candidatura a albergar un cementerio nuclear o la ley electoral. Cospedal prometió en este sentido una política del agua "sin demagogia" y "sin populismos" y ha asegurado que no utilizará este asunto para la confrontación política y partidista. Su objetivo es garantizar el agua suficiente para los castellano-manchegos, y defendió arduamente la consecución de un Plan Hidrológico Nacional.
Sobre el cementerio nuclear, la dirigente del PP insistió en que Guadalajara ya ha sido una provincia "lo suficientemente solidaria en materia nuclear" y por lo tanto "no debe instalarse allí". No obstante, aclaró que no piensa "declarar a Castilla-La Mancha antinuclear" como hizo su antecesor, el socialista José María Barreda.
El ya expresidente socialista se sintió ayer "preocupado" ante el anuncio de la reducción de los medios materiales y personales para el PSOE, pero que ya sabe "a qué atenerse" con los recortes presupuestarios.Asimismo preguntó a Cospedal si iba a compatibilizar su cargo con la secretaría general del PP, a lo que la presidenta no quiso contestar. "No voy a entrar en mis responsabilidades en el partido, que los ciudadanos conocen y me han votado".
