El Tribunal Supremo ha rebajado la multa y ha dejado en una leve suspensión temporal de 21 meses la pena de dos años de cárcel, 110.000 euros de sanción y 17 años de inhabilitación a la que fue condenado el juez Francisco Javier de Urquía por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tras quedar probado que pidió y aceptó dinero de Juan Antonio Roca, principal acusado por el caso Malaya. El Supremo rebaja considerablemente la condena pese a reconocer en su fallo que el juez marbellí cometió un delito de cohecho al cobrar 73.800 euros "en dos sobres" del cerebro de la trama de corrupción a cambio de favores judiciales como la suspensión de la emisión de un programa televisivo sobre las supuestas irregularidades de su 'pagador'. Lo absuelve, sin embargo, del delito de prevaricación al entender que no hubo delito en el embargo del programa. Por contra, el fallo reconoce que fue De Urquía "quien solicitó una dádiva para realizar un acto propio de su cargo". Conclusión: De Urquía podrá volver a ejercer como juez dentro de 21 meses tan solo con devolver el dinero que recibió de Roca. La sentencia llega tras otra del alto tribunal por la que ha absuelto a un juez de Málaga de cohecho, evitando que vaya a la cárcel tras haber dejado libre a un narcotraficante. Después de casos como el de Tirado o el de la magistrada de Úbeda que ordenó cerrar una perfumería en la que no había sido bien atendida, urge una reflexión sobre el papel de los jueces, sus atribuciones y el corporativismo que, a la postre, es el peor enemigo de la judicatura. La sociedad demanda una justicia seria, en la que poder confiar. Más allá de los problemas estructurales de medios y personal que han de ser mejorados, los jueces deben saber que así sólo consiguen distanciarse de la ciudadanía. Y ése es el primer paso para la quiebra del Estado de Derecho, un precipicio del que, por responsabilidad, debieran alejarse cuanto antes por el bien de este país.
