Las manifestaciones convocadas hoy por CCOO y UGT llegan en una fecha de difícil olvido para el imaginario común de los españoles y en plena campaña electoral en Andalucía. Los dos sindicatos mayoritarios protestan, como ya lo hicieran los pasados 19 y 29 de febrero, contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, una reforma que tildan de claro ataque contra los derechos de los trabajadores. Además, se plantea como un anticipo de la huelga general que CCOO y UGT convocaron el viernes para el próximo 29 de marzo, un día antes de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2012.
La cuestión está en si realmente estas movilizaciones y el horizonte del día 29 conseguirán o no cambiar el signo de las últimas encuestas, esto es, una victoria que roza la mayoría absoluta del PP el próximo 25 de marzo, lo que le permitiría gobernar en la comunidad andaluza por primera vez en la historia. Flaco favor le ha hecho en este sentido su partido a Javier Arenas al anunciar la reforma laboral apenas un mes y medio antes de los comicios regionales, aunque la urgencia planteada desde Europa no daba margen de maniobra. Ni para eso, ni para frenar las primeras medidas anunciadas por el Gobierno popular, que incluye una subida de impuestos mil veces negada durante la campaña electoral de las generales del 20-N, y que pueden restar credibilidad al líder popular andaluz en estos días de mítines.
Las protestas antes de las elecciones planteadas por los sindicatos sirven además como prueba de fuego para ver el respaldo que podrían obtener en las calles de cara a la celebración de la huelga general, cuatro días después de los comicios. ¿Por qué tanta dilación entre la aprobación del decreto ley de la reforma laboral y la celebración de una protesta masiva? Porque los sindicatos han esperado a encontrar suficientes argumentos para que la ciudadanía les responda en la calle frente al temor de pinchar en hueso. Y es que en los últimos años, el papel de estas organizaciones ha sido continuamente puesto en entredicho, ya que se les ha acusado de no plantar cara con suficiente fuerza al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando puso en marcha la ola de recortes en mayo de 2010, una fecha clave para la Eurozona que acabó con el primer rescate de Grecia y con nuestro país como diana del ataque de los mercados. Los críticos argumentan que no han esperado ni cien días para hacerle una al PP frente a la tolerancia mostrada con el Gobierno anterior.
De hecho, la huelga general convocada contra la reforma laboral que aprobara el PSOE en el Gobierno tampoco fue de las que dejan huella. Muy alejada de la última protesta de este tipo, la celebrada contra el denominado decretazo de José María Aznar. Aquella protesta consiguió tumbar la reforma, aunque varios meses después -en noviembre de ese año- de que cientos de miles de personas salieran a las calles españolas a protestar. En ella se recogía que los trabajadores estaban obligados a aceptar un trabajo a menos de 30 kilómetros del domicilio. La de Fátima Báñez da más margen de maniobra al empresario, aunque habrá que ver cómo la aplican a la hora de la verdad.
Además, en los últimos tiempos, los sindicatos, sobre todo sus dirigentes, han estado en el punto de mira. De hecho, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha tenido que dar explicaciones sobre el número de relojes que ha mostrado en actos oficiales. Su homólogo en CCOO, Ignacio Fernández Toxo, fue criticado por irse de crucero con su esposa. A ello se suma que no paran de salir cifras sobre los recursos que reciben estas organizaciones por parte de la Administración pública en un contexto en el que se impone la tijera.
En cualquier caso, al ciudadano de a pie al que no le guste la solución para el mercado de trabajo del Gobierno de Rajoy le quedan pocas opciones para aunar esfuerzos y así intentar que el Ejecutivo se replantee una reforma laboral que deja en mala posición al trabajador frente al empresario, y no solo porque se generaliza el despido procedente y con ello una indemnización de 20 días por año trabajado con 12 mensualidades. El contrato propuesto por el Gobierno para incentivar la creación de empleo tampoco gusta a los sindicatos, ya que plantea que el empleado pueda estar trabajando 12 meses de prueba en la empresa sin seguridad laboral de ningún tipo.
De lo bien que le viene al empresario dio buena cuenta el presidente de la patronal CEA hace unas semanas en la asamblea general de la organización, en la que aplaudió con fuerza las medidas tomadas por Rajoy e incluso llegó a pedir una "regeneración total" en Andalucía, lo que se entendió como un cambio de signo político en la región, y acusó a la Junta de intervencionismo en los 30 años de autonomía.
Ante este panorama, los sindicatos tienen la oportunidad de ganar pulso de nuevo en la calle y de convencer a un electorado, el andaluz, que cuenta como contrapartida en la balanza el escándalo de los ERE que han ensombrecido en los últimos meses la labor del Gobierno andaluz.
En cualquier caso, las urnas responderán si el debate sobre la huelga general que se producirá en paralelo a la campaña electoral afectará a los resultados. Los sindicatos contarán con mayor visibilidad estos días que estaban prácticamente reservados a los partidos políticos, se sucederán las consignas contra los ajustes de Rajoy y se repetirán hasta la saciedad las medidas más duras de la nueva legislación laboral aprobada el jueves en el Congreso. Eso convierte en una diana de ataques al candidato popular, Javier Arenas, y pone una alfombra roja al del PSOE, José Antonio Griñán, para argumentar la defensa de su continuidad al frente de la Junta.
Y a los partidos minoritarios les da alas. IU se encuentra cómodo en un escenario de protestas que respalda y que le valió para subir como la espuma en las generales. Las encuestas, de hecho, le dan una mejoría destacada. A los que están fuera del arco parlamentario, esta guerra de reforma laboral versus escándalo de los ERE les puede ayudar a captar votos de los que no quieren ni a unos ni a otros.
