Andalucía posee la mayor concentración de restos arqueológicos sumergidos del mundo. Para protegerlos de los cazatesoros y evitar que puedan ser dañados por obras o futuras construcciones, la Consejería de Cultura ha blindado legalmente todo el litoral en el que tiene constancia de posibles yacimientos, así como el Guadalquivir.
Vestigios arquitectónicos y náuticos reposan desde hace siglos en el fondo del litoral andaluz y en la franja navegable del río Guadalquivir. Restos fenicios, púnicos, romanos, griegos, bizantinos, árabes, franceses e ingleses, procedentes de batallas navales y de naufragios de buques que transitaban la ruta de las Indias, convierten estas aguas en un destino más que apetecible para expoliadores y potentes empresas cazatesoros, dispuestas a emular la reciente hazaña de la compañía norteamericana Odyssey, que según denuncia el Gobierno español, extrajo de un pecio de bandera española, Nuestra Señora de las Mercedes, un importante cargamento de oro que descansaba en la costa portuguesa.
A fin de evitar el saqueo del patrimonio sumergido andaluz, la Junta de Andalucía creó en 1997 el Centro de Arqueología Subacuática (CAS), una institución dependiente de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, que tiene el objetivo de documentar y localizar estos restos arqueológicos -de los que se tiene constancia gracias a fuentes documentales-, así como proceder a su protección y conservación, para que en el futuro puedan ser objeto de proyectos de investigación.
Tanto las tareas de documentación de estos restos -navíos hundidos en su mayoría- como las de protección se llevan a cabo simultáneamente, a fin de salvaguardar estos bienes de la creciente actividad expoliadora.
La directora del CAS, Carmen García, ha explicado a este periódico que desde la creación de esta institución, se ha venido confeccionando la Carta Arqueológica de Andalucía, un mapa en el que se sitúan los puntos donde se hundieron hace siglos naves de diversas procedencias.
En total, se ha constatado la existencia de 81 yacimientos subacuáticos en el litoral andaluz, si bien, el CAS cuenta con información sobre la presencia de mil buques hundidos en aguas andaluzas y en el Guadalquivir, de los que 638 se concentrarían en el Golfo de Cádiz, que es la zona más rica en este tipo de bienes.
"Una vez que contamos con esta Carta Arqueológica, ya podemos establecer medidas de protección, no sólo para luchar contra cazatesoros, sino para salvaguardar estos yacimientos de un eventual daño causado por una obra en el litoral, como podría ser una central de ciclo combinado, un gasoducto, un parque eólico marino o el dragado de un puerto", señaló la directora.
Con este objetivo, la Consejería de Cultura ha creado, amparándose en la nueva Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, dos figuras de protección jurídica: la Zona Arqueológica y la Zona de Servidumbre Arqueológica. La primera se aplica a un espacio delimitado en el que se tiene constancia de la existencia de restos hundidos. En el caso de la segunda, se declara en una zona en la que, no teniendo constancia testada de la existencia de restos arqueológicos, se presupone fundadamente su presencia.
En total, Cultura ha incoado expedientes para declarar 55 zonas arqueológicas en el litoral andaluz -inscribiéndolas en el Catálogo General de Patrimonio Histórico con la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC)- y 43 zonas de servidumbre. Esto convertirá a Andalucía en la zona del planeta con una mayor protección de su patrimonio sumergido.
El proceso para que estas figuras de protección entren en vigor comenzó la pasada primavera con la publicación en el BOJA de los expedientes de incoación. Actualmente, acaba de cerrarse el periodo de alegaciones públicas -que se inició en septiembre- por lo que será cuestión de poco tiempo que estas zonas entren en vigor.
En la práctica, esto supone que cualquier modificación u obra que se quiera llevar a cabo en una zona arqueológica o en su entorno requerirá de una autorización de la Consejería de Cultura, como ocurre con los BIC. En las zonas de servidumbre, cualquier trabajo que lleve aparejado algún movimiento de tierras deberá ser notificado con 15 días de antelación a la Consejería, que estudiará y dictaminará si resulta necesario acometer catas arqueológicas para confirmar la existencia de restos arqueológicos y, en caso afirmativo, dictará las medidas de protección pertinentes.
La directora del CAS destacó que "esto supone que la protección jurídica de los fondos sumergidos se equipara a la terrestre, convirtiéndose así Andalucía en la zona del mundo con una mayor protección del patrimonio subacuático".
No obstante, Carmen García reconoce que la protección jurídica no comporta una salvaguarda efectiva de los bienes hundidos, ya que "esto no impide las actividades ilegítimas o no autorizadas por parte de empresas que, generalmente, poseen tecnología de última generación".
Para luchar también en este frente, la Consejería de Cultura lleva desde el año 2000 colaborando con los Fuerzas de Seguridad del Estado, mediante cursos formativos de especialización en delitos contra el patrimonio arqueológico. El objetivo de estos talleres no es sólo el de enseñar a estos cuerpos a luchar contra los expoliadores.
También se persigue establecer puentes entre los agentes de seguridad y la Consejería de Cultura, lo que facilita activar las alarmas cuando se detectan "movimientos extraños" en el mar.
Operaciones conjuntas. Fruto de esta colaboración, en febrero de 2006 la Guardia Civil desarticuló una red de presuntos expoliadores que pretendían saquear el patrimonio subacuático en Cádiz. En este caso, fue un aviso del CAS a la Guardia Civil el que dio pie a esta investigación. La directora advirtió que en la mayoría de estos casos la información sobre los pecios hundidos sale del Archivo de Indias, por lo que consideró necesario una reflexión sobre la información que se ofrece en esta institución.
