J. G. Palas/ N. Jiménez
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El polémico derribo del pabellón de la Santa Sede arrancó ayer en medio de la más absoluta indiferencia de las administraciones. El Ayuntamiento se limitó a recordar que su propietario, Cepes, goza de licencia de derribo, mientras Cultura advirtió, ya tarde, que habrá que restituir el pabellón si se ordena su protección.
Mucho antes de que Cultura quisiera reaccionar haciendo un pronunciamiento oficial al respecto, una gigantesca retroexcavadora, de la empresa Voladuras & Demoliciones, provista de un brazo de largo alcance había reducido a un amasijo de hierros, aluminios y escombros la fachada trasera del pabellón de la Santa Sede de la Expo 92.
En cuestión de días el emblemático pabellón será pasto de las cenizas, pero la Junta de Andalucía no sabrá hasta hoy si se debe proteger o no. Aunque parezca un despropósito, el delegado provincial de la Consejería de Cultura, Bernardo Bueno, aseguró que ha encargado un informe, que éste no estará listo hasta hoy y que, con el estudio en la mano, se decidirá si este pabellón del 92 se conservará o no.
En el caso de que el informe dicte que debe ser protegido, Cepes tendrá que restituir todo lo demolido y dejarlo como estaba, según Bueno. Pero lo cierto es que a mediodía de ayer el singular edificio de cristales negros ya había sido presa de los pellizcos de una enorme cizalla hidráulica.
El delegado aseguró a esta redacción que el pasado sábado le comunicó a sus propietarios, los responsables de Cepes, que Cultura estaba redactando un informe y que le pidió que esperasen a que este estudio estuviera redactado para demoler o no el edificio, eso sí, "les dije que esperaran sin tener fuerza legal para obligarlos". Y es que Cepes está "en todo su derecho" de derribar el inmueble.
Sobre la posibilidad de estudiar la conveniencia de proteger otros pabellos antes de que la piqueta se cebe con ellos, Bueno apuntó que, por ahora, no se harán más estudios de otros edificios de la Cartuja.
Por otra parte, el edil de Urbanismo, Emilio Carrillo, también defendió ayer que la Gerencia se puso en contacto con los promotores del derribo del pabellón de la Santa Sede "por si había un cambio de voluntad", pero que el Ayuntamiento no podía obligarles a conservar el edificio. "No hay razón para ello, no está protegido. Cometeríamos prevaricación si le revocáramos la licencia de demolición", explicó el concejal. A su juicio, la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía tiene "todo el derecho del mundo" a demolerlo gracias a la licencia de derribo, concedida "de forma reglada". "Las licencias no se dan de forma discrecional ni por motivos políticos", apostilló Carrillo.
El pabellón de la Santa Sede, diseñado en su día por el arquitecto madrileño Miguel de Oriol e Ybarra, se asienta sobre una parcela de más de 2.300 metros cuadrados, con una edificabilidad de hasta 6.000 metros cuadrados. Esta parcela fue adquirida por Cepes hace un año a la empresa Andalucía Aeroespacial para construir su nueva sede.
El presidente de Cepes, Antonio Romero, defendió en declaraciones a este periódico, la escrupulosa legalidad de la demolición, una tarea que, según señaló, se prolongará aún durante los próximos "diez o quince días". Romero cuestionó la competencia de la Consejería de Cultura "para que, a estas alturas, pueda decir si el edificio está de una manera o de otra", tras el largo camino recorrido en trámites y consultas administrativas.
