Más de un mes después de que el Comité del Patrimonio Mundial celebrado en Sevilla analizase el diseño de la Torre Pelli, la consejera de Cultura, Rosa Torres, ha hecho balance. Admite que "la amenaza" de una sanción a la ciudad estuvo cerca y subraya que el informe del comité de expertos será determinante.
De la reunión del Comité de Patrimonio Mundial salieron dos informes encargados a organismos distintos. Por un lado, la Unesco encargó un informe a la entidad Icomos, la misma que ya abrió un duro debate sobre el proyecto con su informe. Por otro, el Ministerio de Cultura, junto a la Junta y el Ayuntamiento, impulsó la creación de un comité de expertos para determinar el impacto de esta construcción sobre el conjunto urbanístico declarado como Patrimonio de la Humanidad. La consejera de Cultura, Rosa Torres, defendió ayer el papel de este segundo estudio, que consideró determinante para aclarar la postura que defenderán tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central ante el proyecto.
"La amenaza ha estado muy cerca, pero se ha sabido reaccionar y eso hay que valorarlo. Ha dado tiempo para que la Unesco entienda que la voluntad es cumplir con el compromiso que significa vivir en una ciudad como Sevilla con un peso patrimonial tan importante. Nos hemos comprometido a tener en cuenta lo que esta comisión de expertos nos diga, porque no se trata de un órgano para dilatar el tiempo, sino que todos hemos comprometido a profesionales de reconocido prestigio", apuntó la consejera en una entrevista concedida a Europa Press.
La comisión de expertos estará presidida por el catedrático de el catedrático de Teoría e Historia de la Restauración de la Universidad de Alcalá de Henares, Javier Riera Blanco, designado por el Ministerio de Cultura junto al catedrático de Arquitectura de la Hispalense Carlos García Vázquez y Juan Miguel Hernández de León, de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Por su parte, los intereses del Ayuntamiento de Sevilla los defenderá el arquitecto y ex consejero de la Junta Jaime Montaner y, por parte de la Junta, se ha designado al arquitecto y profesor titular de proyectos arquitectónicos Pablo Diáñez Rubio. Pese a esto, la consejera subrayó que la intervención de la Junta ha sido voluntaria: "No teníamos obligación porque no había una afección normativa al patrimonio histórico".
Cuando el comité de expertos concluya, el informe se llevará al Gobierno central que deberá defender una postura ante la Unesco.
