El grupo de mediadores internacionales liderados por el abogado sudafriano Brian Currin ha remitido una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que le piden que colabore para que Sortu sea legal, que "flexibilice las estrictas leyes de seguridad" y que acepte la verificación internacional para facilitar la entrega de las armas de ETA.
"Sr. Zapatero, no pierda esta oportunidad histórica para ayudar a terminar con el último conflicto violento político de Europa. Haga lo que esté en sus manos para asegurar que se le da a Sortu la oportunidad de demostrar su compromiso con la paz y la democracia, especialmente a la luz de la decisión del Tribunal Constitucional de no ilegalizar a Bildu; flexibilice las estrictas leyes de seguridad para posibilitar un entorno político inclusivo en el País Vasco; colabore con un organismo internacional para verificar el alto el fuego de ETA y para facilitar el desmantelamiento de las armas", dice la carta publicada en su integridad por el diario Gara.
Este Grupo Internacional de Contacto (GIC) cree que por las próximas Elecciones Generales "el Gobierno podría estar tentado a seguir oponiéndose a los intentos de la izquierda abertzale ilegalizada para entrar en las instituciones democráticas, a pesar de las nuevas oportunidades, por temor a que la oposición le critique por debilidad", pero considera que "éste es un momento para el liderazgo y para el arte de gobernar". "Presidente Zapatero, usted ha demostrado en el pasado que tiene la capacidad para ambos", continúa.
La carta está firmada por los mediadores Raymond Kendall, baronesa Nuala O'Loan, Alberto Spektorowski, Brian Currin, Silvia Casele y Pierre Hazan. En sus explicaciones llegan a confundir los términos en los que la banda decretó su alto el fuego el pasado 10 enero al decir que fue unilateral cuando los terroristas se limitaron a anunciar el carácter general, permanente y verificable de su decisión. Además describen a la banda terrorista como grupo violento independentista.
Estas exigencias coinciden con la hoja de ruta marcada por Batasuna el pasado 25 de septiembre en la 'declaración de Gernika' junto a cerca de una treintena de partidos políticos, sindicatos y colectivos vascos y navarros, entre ellos, los integrantes de Bildu EA y Alternatiba.
En aquel documento se establecían como medidas para el final de la violencia el alto el fuego de ETA --aunque le pedían que diese muestras de que era definitivo--, la legalización de la izquierda abertzale, detener las detenciones y las "torturas" y la participación de agentes internacionales además de la amnistía para los presos de la banda.
En ese sentido, la misiva enviada a Zapatero hace balance: "Desde el comienzo de este año, muchos acontecimientos han creado una nueva dinámica en el conflicto vasco. El 10 de enero, ETA proclamó un alto el fuego unilateral. Al mes siguiente, la ilegalizada izquierda abertzale creó un nuevo partido político, Sortu, cuyos estatutos rechazan sin condiciones la violencia política. De este modo, se cumplen, en nuestra opinión, las condiciones exigidas por la legislación española para ser legalizada". Además recuerdan que la banda ha aceptado cesar en su chantaje a los empresarios vascos
"EL GOBIERNO NO HA RESPONDIDO POSITIVAMENTE"
"Hasta ahora, el Gobierno no ha respondido positivamente a esta evolución", replican en referencia a la respuesta del Tribunal Supremo a Sortu y a Bildu, "una coalición de partidos independentistas que se han opuesto siempre a la violencia de ETA".
Entienden como "comprensible que el tema de la confianza sea un problema" y recuerdan "la detonación por parte de ETA de una enorme bomba en el aeropuerto de Madrid en diciembre de 2006 que no se ha olvidado".
"El Gobierno puede creer que este alto el fuego es un movimiento táctico para dar tiempo a ETA para reestructurarse antes de atacar de nuevo. Aunque apreciamos el recelo del Gobierno, estamos de acuerdo con la mayoría de los partidos políticos y colectivos sociales vascos en que las condiciones ahora, por primera vez en muchos años, están maduras para una profunda transformación política y una paz duradera", concluye el GIC.
