El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha anunciado este miércoles que solicitará al Gobierno central, y en concreto al Ministerio de Justicia, que se incremente el número de jueces, fiscales, secretarios y personal judicial, lo cual constituye "una necesidad" porque, según ha lamentado, la región andaluza "no puede quedar a la cola también en Justicia".
En este sentido, Emilio De Llera ha criticado que, aunque Andalucía "es la comunidad autónoma con mayor número de partidos judiciales, con una quinta parte" del total de las que se distribuyen por toda España, el número de jueces, magistrados y fiscales por cada 100.000 habitantes "se sitúa por debajo de la media nacional".
Al hilo de ello, y durante su intervención en el Parlamento andaluz para presentar los presupuestos de su departamento para 2013, el consejero ha abogado igualmente por una reordenación de los recursos humanos, para lo cual, según ha dicho, "la primera línea de trabajo" es implantar en la región andaluza la oficina judicial y la fiscal.
Centrándose en el presupuesto de su Consejería para 2013, ha informado de que ascenderá a 560,5 millones de euros, un 6,3 por ciento inferior al de 2012, aunque ha puntualizado que el descenso general es de un dos por ciento una vez aplicado el plan de ajuste y reequilibrio financiero, situándose de esta forma su disminución por debajo del decremento del 4,1 por ciento del presupuesto global de la Junta para 2013.
Tras subrayar que este último dato "tiene una significación, y es que los servicios públicos que presta la Consejería siguen siendo hoy, con más presencia, una verdadera prioridad para el Gobierno andaluz", ha destacado también que "se trata de un presupuesto austero que profundiza en la contención del gasto e intensifica al mismo tiempo su esfuerzo inversor", con un incremento del 8,1 por ciento.
MANTENER "A TODA COSTA" EL SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA
A su juicio, es un presupuesto "realista, adecuado y coherente con la difícil coyuntura actual y garantiza la prestación de servicios públicos esenciales", así como "el acceso en condiciones de igualdad a los mismos por parte de la ciudadanía en el ámbito de la Justicia, la seguridad y las emergencias, así como en las nuevas competencias encomendadas a la Consejería en materia de violencia de género y políticas migratorias".
Ha señalado que el presupuesto garantiza el derecho fundamental de acceso a esa tutela judicial en condiciones de igualdad para todos los andaluces, ofreciendo cobertura presupuestaria suficiente para prestar la asistencia jurídica gratuita a aquellos ciudadanos que no tengan recursos suficientes, y es que el presupuesto incide en la "necesidad" de mantener "a toda costa" dicho servicio de asistencia.
Al hilo, De Llera ha valorado el esfuerzo por el sostenimiento de las dotaciones para la financiación de este servicio, manteniendo su presupuesto --44,6 millones-- frente a las reducciones acometidas en otras comunidades autónomas. "Es uno de nuestros firmes compromisos, no vamos a renunciar a la misma ni devolverla al Ministerio de Justicia", ha indicado, añadiendo que, entre 2007 y 2011, la Junta ha destinado a este servicio hasta 185 millones.
CASI 300 MILLONES PARA GASTOS DE PERSONAL
Pasando a analizar el presupuesto capítulo por capítulo, ha detallado que las partidas destinadas a financiar gastos de personal ascienden a 296,8 millones de euros, con una leve disminución del 0,5 por ciento con respecto a 2012, algo que "se debe a que contiene el ajuste retributivo de los empleados públicos", señalando que "esta planificación supone un presupuesto más acorde con las necesidades reales que venían presentándose".
Ha añadido que, en gastos corrientes, la rebaja se cifra en el 3,8 por ciento, que se materializará "a través de una gestión más eficiente, la reducción de consumos y la sensibilización de todos los agentes implicados en el servicio con el objetivo de impulsar una mayor racionalización y mejor aprovechamiento de los recursos disponibles".
Así, "se atienden los gastos imprescindibles para el funcionamiento diario" de la Administración de Justicia, como por ejemplo "el pago del arrendamiento, mantenimiento, vigilancia, seguridad y limpieza" de las sedes judiciales, aunque en este sentido "se está desarrollando una política de disminución" en los gastos que suponen estos alquileres, gracias a lo cual se ha bajado de los 20,2 millones que se gastaba por este concepto en 2010 a los 18,4 millones, "que es la cifra estimada para cuando termine 2012".
