La Audiencia de Sevilla ha ordenado que siga en prisión incondicional sin fianza José Salas Burzón, dueño de la inmobiliaria Contsa, que está en suspensión de pagos, por la gravedad de los delitos que se le imputan, su "pluralidad delictiva" y el riesgo de que se fugue.
En una resolución a la que ha tenido acceso Efe, la Sección Tercera de la Audiencia destaca que Salas es "el elemento básico y fundamental de la trama financiera" presuntamente urdida por su empresa contra una "multiplicidad de afectados".
Los jueces, por ello, confirman en todos sus extremos la decisión del juzgado de Sevilla que el pasado 3 de octubre ordenó el ingreso en prisión del empresario, denunciado por estafa por varios inversores.
El objetivo de que siga en prisión, según la Audiencia, es evitar que Salas "obstaculice la acción penal" y pueda "disponer de bienes en perjuicio de los intereses de los denunciantes".
Los jueces destacan que Salas está acusado de una "pluralidad delictiva" con "saldos inexistentes, ventas falsas, más de mil acreedores que no figuran en su contabilidad, desvíos de fondos a otras empresas del grupo, y empresas que no tenían suficiente actividad como para atender sus grandes costes financieros".
Contsa se encuentra desde febrero pasado en suspensión de pagos y el informe de los administradores judiciales recoge un déficit de 86 millones de euros entre el activo de 28,4 millones y el pasivo de 115,2 millones, que la empresa debe a 1.653 pequeños inversores.
La Audiencia dice que Salas Burzón debe seguir en prisión para evitar que "se pueda sustraer a la acción de la Justicia" dada "la gravedad de las penas que se le pueden imponer", la "gravedad y pluralidad de delitos" que se le imputan y la "multiplicidad de afectados".
Se trata de una "versatilidad delictiva" en la que Salas aparece como "el elemento básico y fundamental de la trata financiera", según la Audiencia.
La Fiscalía de delitos económicos de Sevilla imputa al empresario presuntos delitos de estafa piramidal, apropiación indebida, falsedad y delito societario.
La empresa captaba a pequeños ahorradores con promesas de intereses de hasta el 40 por ciento pero -según los administradores concursales- carecía de actividad para hacer frente a tales beneficios y su único negocio real consistía en captar nuevos inversores para pagar a los ya existentes.
La esposa de Salas, que figuraba como propietaria de varias empresas del grupo, quedó en libertad la semana pasada tras declara a la juez que desconocía las actividades de Contsa, pues firmaba donde le mandaban, no asistía a ninguna reunión y advertía a su esposo que ella "no quería problemas".
Pese a ello, la Fiscalía ha presentado otra denuncia contra los dos integrantes del matrimonio por un presunto delito fiscal en sus respectivas declaraciones del IRPF que sobrepasada los 6 millones de euros.
