La Fundación DeSevilla, cuya labor se inició en 2007, ha recortado este año su actividad prácticamente al mínimo. El patrimonio neto negativo de este organismo gestionado por IU, que asciende ya a 1,6 millones ha obligado, a instancias de la Intervención municipal, a suprimir cualquier convocatoria de proyectos de cooperación durante 2011. La fundación, pese a esto, sigue activa, pero sólo con un presupuesto de 440.000 euros para mantenimiento del gasto corriente básico y la financiación de los proyectos Yo sí puedo (alfabetización) La Colmenita (grupo de teatro) y la oficina de inmigrantes.
La reducción al mínimo de la actividad se enmarca dentro del plan de reequilibrio financiero del que forma parte la modificación presupuestaria de 900.000 euros aprobada por el Pleno el lunes con un informe contrario del interventor. La fundación, que liquidará el PP en caso de llegar al gobierno local, cierra el mandato con gastos contraídos por valor de 1,6 millones de euros superior al dinero que realmente se ha ingresado. Esta cifra, según la fundación DeSevilla, procede en su mayor parte, unos 900.000 euros, de dinero usado en distintos proyectos ejecutados sin que las aportaciones municipales se hayan realizado. El resto, en torno a 750.000 euros, tiene su origen en los gastos corrientes de este organismo –personal, intereses bancarios o mantenimiento de las instalaciones– que no han sido asumidos por los patronos.
“No ha habido desvíos de fondos ni dinero empleado para usos distintos a los presupuestados ni recursos perdidos. Sólo la decisión política de continuar con los proyectos aunque haya dificultades administrativas o retraso en las subvenciones”, explica el gerente de la fundación, Miguel López Adán. Entonces, ¿cómo ha llegado este organismo a acumular un desequilibrio patrimonial de 1,6 millones de euros? La fundación, según el relato de su gerente, se mantiene a través de las aportaciones de sus patronos –Ayuntamiento y empresas– y de las subvenciones del Consistorio. Con esta estimación, se aprueban una serie de proyectos de cooperación o sociales. Pero el ritmo de tramitación de los expedientes no siempre encaja con el de ejecución de los proyectos.
En este escenario hay iniciativas que decaen, como buena parte de los proyectos de 2008 que no se llegaron ni a ejecutar y así se incluyó en las cuentas justificativas por las que se renunciaba al dinero, pero otros se mantenían pese a no disponer del dinero. “Muchas veces ya se habían contraído gastos no subvencionables, y es la fundación la que, con su patrimonio o con préstamos bancarios, hacía frente a los pagos”. Esta situación es la que ha provocado el plan de reequilibrio que ha incluido una auditoría específica de las cuentas de la fundación. Su resultado, recogido en el informe de Intervención, revela otro problema no incluido en el desfase patrimonial: hay alrededor de medio centenar de facturas –de más de 2.500, según precisan desde IU– que no están debidamente justificadas. En total, se cuestionan prácticamente gastos por importe de 1,9 millones. El crítico informe de Intervención fue matizado por el gerente de la fundación: “La mitad de las facturas que cuestiona carecían del soporte original cuando se realizó la auditoría, pero ya lo tienen. En un caso, la traducción de la factura no era oficial, y hemos tenido que pedirla. Y, en el caso de las transferencias acreditadas por un recibí, eran becas y no había otra opción”.
