Cuando todavía colean las irregularidades del expediente de regulación de empleo (ERE) de la empresa pública Mercasevilla, la Junta de Andalucía revela que en el recién ratificado para la base aérea de Morón de la Frontera había nada menos que 31 personas incluidas de forma anómala para recibir las prejubilaciones o indemnizaciones, entre otras cosas porque o estaban ya jubiladas o ni siquiera trabajaban en las instalaciones militares en ese momento.
El consejero de Empleo, Manuel Recio, confirmó que todas estas personas fueron descartadas tras haberse depurado el ERE. Un informe del pasado 26 de noviembre de la Inspección de Trabajo habla de un "indicio racional de fraude" en el acuerdo alcanzado entre Vinnell-Brown ant Root Spain (VBR), gestora de los servicios civiles de la base aérea, y el comité de empresa. En la autorización de este ERE, el pasado día 9, la Junta de Andalucía ya solicitaba previamente a la Inspección de Trabajo diversos informes. De esos 31 casos, dos son jubilados durante el proceso y el resto, en su mayoría gente que trabajó ocasionalmente con la base aérea, por ejemplo un verano cortando hierba.
"Examinados los contratos de los 150 trabajadores potencialmente afectados y contrastadas las altas y las bajas, se observó que 31 empleados" estaban fuera con anterioridad, según el mismo informe. Por ello, el pasado día 1, la compañía y el comité de empresa ratificaron el acuerdo "solicitando la exclusión del listado de contratos a extinguir los de los trabajadores que ya no prestaban servicios a fecha del 23 de noviembre de 2010", lo que reducía a 119 el número de empleados potencialmente acogidos, frente a los 150 de la primera firma.
Cabe recordar que con este ERE, los trabajadores acogidos al procedimiento recibirán la indemnización máxima, fijada en 45 días por año trabajado, y los que hayan cumplido los 55 años serán prejubilados. Inicialmente, la empresa preveía despedir a 286 de sus 594 empleados. Este viernes es el último día de trabajo de las 119 personas del ERE.
El portavoz del comité de empresa, José Manuel Pérez (UGT), defendió la "legalidad" del ERE, negociado para que fuera "lo más justo posible".
