Sólo un día después de que el presidente de Bolivia, Evo Morales, obtuviese el respaldo de los líderes sudamericanos para restablecer la paz en las regiones opositoras; los militares que controlan Cobija, capital de Pando, detuvieron ayer al gobernador de la región, el opositor Leopoldo Fernández, acusado de "genocidio". Foto: Efe.
El Ejecutivo boliviano responsabiliza a Fernádez de la matanza perpetrada allí en días pasados. Según el canal estatal, los militares ocuparon la sede de la Prefectura de Pando y escoltaron a Fernández a un vehículo en el que también estaba un legislador opositor de esta región. El prefecto, que al parecer no opuso resistencia, fue trasladado por los militares al aeropuerto de Cobija, donde embarcó en una avioneta supuestamente hacia La Paz, indicó la misma fuente.
La región de Pando, ubicada en el norte de Bolivia y fronteriza con Brasil y Perú, se encuentra en estado de sitio desde el pasado viernes, a raíz de un enfrentamiento armado entre civiles en el que murieron al menos 15 personas y más de 100 están desaparecidas, según las cifras del Gobierno del presidente Morales.
La Fiscalía General ha acusado a Fernández de "genocidio" y el Ejecutivo pide que sea condenado a 30 años de cárcel como responsable e instigador de los enfrentamientos armados. No obstante, el Ministerio Público también acusó del mismo delito a altos líderes políticos contrarios a Fernández, uno de ellos afín al gobierno de Morales. Los otros acusados son el senador suplente Abraham Cuéllar, elegido por la fuerza Unidad Nacional (UN) pero que ha respaldado al oficialismo en el Congreso, y así como al que fuera alcalde de Cobija Miguel Becerra.
Esta situación de violencia que vive Bolivia propició que los líderes de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) otorgaran el lunes por la noche un fuerte respaldo al Gobierno de Morales. El documento de Unasur, aprobado por unanimidad al término de la cumbre extraordinaria celebrada en Santiago para buscar una salida al conflicto en el país altiplánico, enfatiza el pleno reconocimiento a la legitimidad del mandatario boliviano y advierte de que no tolerará intento alguno de golpe de Estado.
Impedir una guerra civil. Al leer la declaración de Santiago, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anfitriona de la reunión, recordó que el palacio presidencial de La Moneda, sede del encuentro, "fue escenario hace 35 años de trágicos episodios que conmocionaron a toda la humanidad", en alusión al golpe de Estado de Augusto Pinochet. Los mandatarios de los países que integran Unasur advirtieron de que no reconocerán "cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden constitucional o que comprometa la integridad territorial de la república de Bolivia". En consecuencia, "condenan el ataque a instalaciones gubernamentales y a la fuerza pública por parte de grupos que buscan la desestabilización de la democracia boliviana, exigiendo la pronta devolución e esas instalaciones como condición para el inicio de un proceso de diálogo". Además hicieron un llamamiento "a todos los actores políticos y sociales involucrados a que tomen las medidas necesarias para que cesen inmediatamente las acciones de violencia y de desacato a la institucionalidad democrática".
Siguiendo estas instrucciones, el Gobierno de Bolivia y los representantes de los gobernadores de oposición reanudaron ayer sus reuniones para perfilar una negociación que permita poner fin a las protestas que han causado varios muertos.
