Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, con la colaboración de la Agencia Tributaria ha logrado detener a 65 miembros de una organización dedicada al tráfico de hachís a gran escala e intervenir más de 20.000 kilos de droga, 175 inmuebles y un centenar de vehículos por valor al menos de 250 millones de euros. Algunas de estas detenciones se han llevado a cabo en Granada, Málaga y Almería.
La operación, coordinada por el Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (CICO), se ha desarrollado en Barcelona, Coslada (Madrid), Mahón, Menorca y Sant Carles de la Rápita (Tarragona), entre otras localidades, así como en embarcaciones localizadas en las costas de Cartagena (Murcia) o Castellón.
A los arrestados se les imputa la presunta comisión de delitos contra la salud pública, asociación ilícita, falsificación de documentos, cohecho, tenencia ilícita de armas, resistencia, desobediencia y atentado a agente de la autoridad, así como blanqueo de capitales.
Las investigaciones se iniciaron en agosto de 2009 cuando la Guardia Civil de Alicante sospechó de un grupo organizado, asentado en Melilla, que podría introducir grandes cantidades de hachís, principalmente, desde Marruecos con destino a algunos países europeos como Italia, Holanda, Reino Unido, España, o hacia los Emiratos Arabes y Argelia.
Infraestructura en Marruecos
La organización desarticulada, asentada en Melilla, utilizaba un buque nodriza para los alijos, meticulosas medidas de seguridad y un amplio grupo de empresas que podrían dedicarse a blanquear los fondos recaudados con su actividad ilícita. Además, la red había asentado en Marruecos su propia infraestructura encargando a personas afincadas en el reino alauita de la adquisición, embalaje, carga y organización de la salida del estupefaciente.
Su 'modus operandi' consistía en utilizar buques nodriza donde cargaban la totalidad del alijo para después transferir en alta mar cantidades de droga menores a diversas embarcaciones de recreo o pesqueros para que entraran directamente en el puerto o se aproximaran a la costa sin levantar sospechas. El cabecilla de la red organizaba los desembarcos de hachís y su frecuencia en función de los medios disponibles en cada momento y muy especialmente atendiendo al nivel de control policial ejercido en Marruecos y en España. Se dedicaba casi en exclusiva a negociar con los clientes de mayor entidad afincados en la Unión Europea, principalmente en Italia y Holanda, y evitaba tener contacto directo con quienes preparaban los alijos. Para aparentar su desvinculación total con el resto de 'narcos', contaba con asesoramiento jurídico y con un entramado de personas físicas y jurídicas que le ayudaran a impedir establecer cualquier vínculo con el grupo.
Máxima cautela del cabecilla
Los agentes comprobaron que el líder conocía los métodos de investigación policial, como atestiguaba el modo en que iniciaba los contactos de forma personal o evitaba hacer uso de los teléfonos móviles prefiriendo emplear aparatos de personas de su confianza y pertenecientes a la organización que iban cambiando los números y terminales casi semanalmente. Después de trasladar la droga a diferentes puertos y calas del litoral español, el grupo la distribuía a través de varios medios de transporte, en la mayoría de los casos camiones, que utilizaban la carga legal habitual a modo de "mercancía pantalla".
La estructura de esta organización delictiva estaba compuesta, además del líder, por varias personas de su confianza que le daban apoyo en sus desplazamientos, grupos o empresas que proporcionaban las embarcaciones, intermediarios encargados del aprovisionamiento y venta posterior de la droga. Además contaba con un entramado de empresas ubicadas en su gran mayoría en Melilla y que estaban dedicadas, presuntamente, al blanqueo del dinero obtenido mediante el tráfico de droga. La investigación se ha saldado con la detención de 65 personas de nacionalidades española, argelina, colombiana y marroquí en las provincias de Melilla, Granada, Málaga, Almería, Alicante, Valencia, Castellón, Barcelona, Madrid y Menorca.
En el curso de la operación, los agentes efectuaron seis registros, cuatro en viviendas y dos en establecimientos comerciales de las localidades de Málaga y Melilla, donde intervinieron armas de fuego (pistola y escopeta), teléfonos móviles, ordenadores y material informático, así como abundante documentación. Se calcula que el valor aproximado de los más de 100 vehículos y alrededor de 175 inmuebles intervenidos o embargados podría superar los 250.000.000 de euros, cantidad que podría verse incrementada de manera significativa una vez que se conozca el montante total del dinero existente en las cuentas bancarias bloqueadas y en fase de intervención.
Los acusados y efectos intervenidos han sido puestos a disposición judicial mientras que la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
