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Detienen a 65 miembros de una organización dedicada al tráfico de hachís

el 09 jul 2010 / 15:55 h.

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Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil,  con la colaboración de la Agencia Tributaria ha logrado detener a 65  miembros de una organización dedicada al tráfico de hachís a gran  escala e intervenir más de 20.000 kilos de droga, 175 inmuebles y un  centenar de vehículos por valor al menos de 250 millones de euros.  Algunas de estas detenciones se han llevado a cabo en Granada, Málaga  y Almería.  

La operación, coordinada por el Centro de Inteligencia Contra el  Crimen Organizado (CICO), se ha desarrollado en Barcelona, Coslada  (Madrid), Mahón, Menorca y Sant Carles de la Rápita (Tarragona),  entre otras localidades, así como en embarcaciones localizadas en las  costas de Cartagena (Murcia) o Castellón.

A los arrestados se les imputa la presunta comisión de delitos  contra la salud pública, asociación ilícita, falsificación de  documentos, cohecho, tenencia ilícita de armas, resistenciadesobediencia y atentado a agente de la autoridad, así como blanqueo  de capitales.  

Las investigaciones se iniciaron en agosto de 2009 cuando la  Guardia Civil de Alicante sospechó de un grupo organizado, asentado  en Melilla, que podría introducir grandes cantidades de hachís,  principalmente, desde Marruecos con destino a algunos países europeos  como Italia, Holanda, Reino Unido, España, o hacia los Emiratos  Arabes y Argelia.  

Infraestructura en Marruecos

La organización desarticulada, asentada en Melilla, utilizaba un  buque nodriza para los alijos, meticulosas medidas de seguridad y un  amplio grupo de empresas que podrían dedicarse a blanquear los fondos  recaudados con su actividad ilícita. Además, la red había asentado en Marruecos su propia  infraestructura encargando a personas afincadas en el reino alauita  de la adquisición, embalaje, carga y organización de la salida del  estupefaciente.

Su 'modus operandi' consistía en utilizar buques nodriza donde  cargaban la totalidad del alijo para después transferir en alta mar  cantidades de droga menores a diversas embarcaciones de recreo o  pesqueros para que entraran directamente en el puerto o se  aproximaran a la costa sin levantar sospechas. El cabecilla de la red organizaba los desembarcos de hachís y su  frecuencia en función de los medios disponibles en cada momento y muy  especialmente atendiendo al nivel de control policial ejercido en  Marruecos y en España. Se dedicaba casi en exclusiva a negociar con  los clientes de mayor entidad afincados en la Unión Europea,  principalmente en Italia y Holanda, y evitaba tener contacto directo  con quienes preparaban los alijos.  Para aparentar su desvinculación total con el resto de 'narcos',  contaba con asesoramiento jurídico y con un entramado de personas  físicas y jurídicas que le ayudaran a impedir establecer cualquier  vínculo con el grupo.

Máxima cautela del cabecilla

Los agentes comprobaron que el líder conocía los métodos de  investigación policial, como atestiguaba el modo en que iniciaba los  contactos de forma personal o evitaba hacer uso de los teléfonos  móviles prefiriendo emplear aparatos de personas de su confianza y  pertenecientes a la organización que iban cambiando los números y  terminales casi semanalmente. Después de trasladar la droga a diferentes puertos y calas del  litoral español, el grupo la distribuía a través de varios medios de  transporte, en la mayoría de los casos camiones, que utilizaban la  carga legal habitual a modo de "mercancía pantalla".  

La estructura de esta organización delictiva estaba compuesta,  además del líder, por varias personas de su confianza que le daban  apoyo en sus desplazamientos, grupos o empresas que proporcionaban  las embarcaciones, intermediarios encargados del aprovisionamiento y  venta posterior de la droga. Además contaba con un entramado de  empresas ubicadas en su gran mayoría en Melilla y que estaban  dedicadas, presuntamente, al blanqueo del dinero obtenido mediante el  tráfico de droga. La investigación se ha saldado con la detención de 65 personas de  nacionalidades española, argelina, colombiana y marroquí en las  provincias de Melilla, Granada, Málaga, Almería, Alicante, Valencia,  Castellón, Barcelona, Madrid y Menorca.

En el curso de la operación, los agentes efectuaron seis  registros, cuatro en viviendas y dos en establecimientos comerciales  de las localidades de Málaga y Melilla, donde intervinieron armas de  fuego (pistola y escopeta), teléfonos móviles, ordenadores y material  informático, así como abundante documentación. Se calcula que el valor aproximado de los más de 100 vehículos y  alrededor de 175 inmuebles intervenidos o embargados podría superar  los 250.000.000 de euros, cantidad que podría verse incrementada de  manera significativa una vez que se conozca el montante total del  dinero existente en las cuentas bancarias bloqueadas y en fase de  intervención.
Los acusados y efectos intervenidos han sido puestos a disposición  judicial mientras que la operación continúa abierta y no se descartan  nuevas detenciones.

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