Eso es lo que nos queda en las televisiones públicas que han comprado los derechos para retransmitir la Champions, en unas condiciones, a decir por la competencia, inasumibles por los canales privados. Este hecho pone de nuevo de actualidad la función que debe cumplir el servicio público que se asigna a los medios de comunicación de titularidad estatal, autonómica o municipal.
Una cuestión de enorme importancia porque en su realización están involucrados muchos derechos de la ciudadanía, como el de información y opinión entre otros, además de la inversión de medios materiales que a todas y todos nos pertenece.
La objeción que se plantea desde el sector privado tiene que ver con la quiebra de la libre competencia por entes de titularidad pública, que en sus decisiones no están mediatizados por las exigencias que rigen para las empresas en este sector, es decir, rentabilidad de las decisiones que se adoptan y contar con recursos limitados.
Sin embargo, creemos que este planteamiento, sin dejar de ser cierto, implica un cierto falseamiento de la cuestión a abordar. Supone, en definitiva, que se pone al mismo nivel la actividad empresarial con las funciones que le han sido asignadas a los poderes públicos en la prestación de determinados servicios que tienden a satisfacer necesidades de la ciudadanía.
Y está claro que cuando se trata de la realización de un servicio público las administraciones no se han de someter a las reglas de la competencia, pues su actuación se debe regir por el criterio de la eficiencia y para ello han de contar con todos los medios de los que puedan disponer. Igualmente, las decisiones que en su ámbito se tomen han de estar guiadas por la rentabilidad social de su ejecución y no por objetivos economicistas.
El problema que plantean las televisiones de titularidad pública no reside, al menos esencialmente, en la disponibilidad de recursos económicos sin los límites que tienen los canales privados. El problema está en que no prestan un servicio público en los términos en los que se debe entender tal servicio. Y en efecto, a poco que le dediquemos un tiempo a estos medios de comunicación podemos comprobar que actúan con criterios estrictamente comerciales, reproduciendo en su programación todos los vicios o defectos de las otras televisiones, invirtiendo en ello unos recursos que nos pertenecen a todos.
Y así, el fútbol ocupa un lugar preeminente en la oferta televisiva, los informativos dedican la mitad de su tiempo a la información deportiva, se recurre a los niños vulnerando sus derechos para distraer a los mayores, se emiten telenovelas machistas sin tener en cuenta su impacto, los sucesos tipo Caso ocupan un lugar privilegiado porque el morbo vende... y así podríamos continuar con alguna honrosa excepción.
Esta forma de actuar responde, sin duda, a una confusión acerca del papel que han de desempeñar las televisiones públicas; duda acrecentada por la falsa idea de que la cultura, la construcción colectiva de valores cívicos, la formación o la educación, son temas aburridos y de escasa rentabilidad. Ocurre, sin embargo, que asistimos a una ausencia de compromiso con el servicio público y una ausencia de imaginación para abordar una programación más acorde con la ciudadanía que queremos.
Rosario Valpuesta es catedrática de Derecho Civil de la Pablo de Olavide.
