La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina (2i), junto a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (2d), durante la inauguración de Fruit Attraction en Madrid. / EFE
El año próximo, los más de 250.000 empleados públicos que trabajan para la Administración andaluza recuperarán la parte de su salario que les fue recortada en el plan de ajuste de 2012. A los funcionarios se les aplicó ese ajuste en la paga extra y al personal laboral directamente en la nómina. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ya había avanzado que los presupuestos autonómicos para 2015 incluirían la recuperación del complemento autonómico de la paga extra a los 230.000 funcionarios andaluces, y que se restituiría el 100% de la jornada laboral (y el salario proporcional) a los 2.000 eventuales del Sistema Andaluz de Salud a los que se les redujo al 75% como medida de ahorro.
UGT anunció movilizaciones al considerar que la Junta marginaba al personal laboral de las agencias públicas y entes instrumentales (23.000 empleados). A estos, al no ser funcionarios con paga extra, se les redujo la parte proporcional en sus nóminas: un 5% menos al mes, prorrateado a lo largo del año. Díaz aclaró ayer, durante un acto en Madrid, que también se le restituirá el salario completo a estos últimos, y aseguró que su intención siempre había sido ésa. «No he entendido la polémica de los últimos días sobre la diferencia entre unos empleados públicos y otros. Quienes sufrieron el recorte en la paga, lo verán recuperado en la paga y quienes lo hicieron a través de su salario mensual será en su salario mensual», explicó ayer, informó Efe.
Sin embargo, la medida sólo se había presupuestado contando la restauración de los derechos de los funcionarios. La Consejería de Hacienda anunció en su momento que la recuperación de la extra y la jornada de los sanitarios costaría unos 400 millones de euros, y ayer no disponía del coste definitivo, una vez que el personal laboral se ha sumado al beneficio salarial.
Con esta decisión, la Junta deshace los recortes que aprobó hace dos años a partir de la ley 13/2012 del Gobierno central, que sirvió a las comunidades para aplicar medidas de ahorro en el gasto público (principalmente en la partida de personal). Pero no todas. A los profesores interinos también se les redujo un 10% la jornada laboral, y ese ajuste aún no se ha devuelto.
Deudas. El borrador del presupuesto andaluz de 2015 será aprobado en el Consejo de Gobierno del próximo 27 de octubre. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, auguró «un presupuesto difícil y complicado», porque Andalucía contará con 606 millones de euros menos debido la caída en las entregas a cuenta del Estado y al límite en el déficit del 0,7% del PIB. Ese recorte incluye la deuda que Andalucía tiene con el Gobierno por la liquidación negativa del ejercicio 2013: 426 millones que la Junta debe devolver «que dejará de percibir», matiza el Ejecutivo central, y que espera no tener que hacerlo de una sola vez. Montero volvió a reiterar que «no contempla el escenario de que el Gobierno vaya a negarle a Andalucía el fraccionamiento del pago de los 426 millones». La Junta lleva semanas pidiéndole al Ministerio de Hacienda que confirme que podrá devolver ese dinero en 20 años, y no de una tacada, pero el departamento de Cristóbal Montoro aún no ha contestado, y la consejería ha optado por seguir adelante y diseñar el próximo presupuesto sin contar con un recorte de 426 millones.
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, aseguró ayer por primera vez que Montoro estudia esta petición, pero emplazó a la Junta a formularla en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF): «El Gobierno nunca se va a negar a la flexibilidad, no de Andalucía, sino de todas las comunidades. No se niega a estudiar el aplazamiento, pero con igualdad para todos». Crespo recordó que el Gobierno ya flexibilizó el pago de las deudas andaluzas en los ejercicios de 2008 y 2009, al ampliar de 60 a 240 el número de mensualidades acordadas con la Junta de Andalucía para las devoluciones de esos pagos pendientes.
Pese a todo, Montero ratificó que los empleados públicos recuperarán su paga extra, que se blindará el gasto de educación, sanidad y políticas sociales, pero que «habrá que seguir explorando partidas de ahorro para que el presupuesto sea eficiente». No especificó dónde hará recortes, pero admitió que «es difícil seguir tocando sin ir a la médula de los servicios públicos». La Junta descarta nuevas tasas o subidas de impuestos, y rechazó la propuesta de rebaja fiscal del PP andaluz, porque «sólo afectaría a 40.000 personas y supondría una caída en la recaudación de 400 millones, que se traduciría en ajustes adicionales al presupuesto».
El equilibrio con Cataluña «Las comunidades soportamos la mayor parte del gasto público. Sólo con el refuerzo de las comunidades lograremos que la recuperación económica llegue a las familias». La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, pronunció ayer una conferencia para intentar desmontar «el relato de la crisis» del Gobierno, primero el de Zapatero y luego el de Rajoy, durante los siete años que van de crisis. Montero expuso un alegato a favor de las comunidades, las que gestionan y costean la práctica totalidad de los servicios básicos (educación, sanidad y dependencia) y exigió al Gobierno que revise el modelo de financiación autonómica para que las regiones cuenten con más recursos y que los fondos que reciben estén a la altura de los servicios que gestionan. Su conferencia pivotó en todo momento contra la realidad catalana y el amago de referéndum por la independencia que propuso el presidente Artur Mas. Montero critica que «la reforma del modelo de la financiación autonómica no forme parte de la agenda de Rajoy», y acusó al presidente de «mantener privilegios en algunas regiones y permitir elementos de discrecionalidad» (la Junta teme que el Gobierno ofrezca prebendas a Cataluña a cambio de que aparque su deriva soberanista). «No consentiremos que se use la financiación autonómica como moneda de cambio para solucionar problemas territoriales», dijo en referencia al conflicto catalán. «Por los recursos competimos todos, necesitamos una reforma constitucional en la que todos se sienten cómodos, y cuanto más tarde se aborde el debate, menos posibilidades de solucionarlo», concluyó.
