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El dinero defraudado que se recupere se destinará a crear empleo juvenil

Esta pretensión es difícil porque el fraude de los ERE aún no se ha cifrado y está enredado en los tribunales. La presidenta de la Junta comparecerá en enero en el Parlamento y revisará las “sombras” de la concertación

el 17 dic 2013 / 13:43 h.

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DÍAZ ANUNCIA QUE DESTINARÁN DINERO DEFRAUDADO A LA CREACIÓN DE EMPLEO JUVENILSusana Díaz llegó a la presidencia de la Junta hace justo cien días con la promesa de cambio. El eje de su discurso, además de combatir el paro, fue la lucha contra la corrupción, pero en este tiempo no solo no han visto la luz sus medidas estrella para la regeneración política, sino que le ha estallado en sus manos un nuevo escándalo, el de las facturas falsas que UGT-A cargó al Gobierno andaluz. En un claro gesto político, la presidenta anunció ayer que destinará todo el dinero defraudado –básicamente el que se logre recuperar de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y UGT, una tarea complicada– a crear empleo juvenil, un sector que soporta una tasa de paro del 67,5%. En el Presupuesto de 2014, como en los anteriores, hay un capítulo denominado reintegro por operaciones de pagos indebidos que es una especie de cajón de sastre donde la Junta ingresa cualquier devolución, ya sea en dependencia, nóminas o subvenciones. En 2014 se ha cifrado en 160 millones. La novedad que avanzó la presidenta en la rueda de prensa de balance de sus cien primeros días de Gobierno es que si esa partida crece porque la Junta recupera dinero defraudado de casos de corrupción, se destinará a la contratación de jóvenes en empresas. Es una vieja reivindicación del PP-A que, según confesó Díaz, ahora ha “tenido en cuenta”. Desde la Consejería de Hacienda matizaron que el PP pide directamente “pintar 1.500 millones en las cuentas”, algo que es “ficticio”. De momento la Junta no ha recuperado ni un euro del caso de los ERE y solo 25.000 de UGT-A (se están investigando 17 expedientes de ayudas por valor de 7,5 millones). La presidenta no pudo concretar la cantidad de dinero malusado que aspira a reingresar, entre otras cosas porque la cifra de lo defraudado en los ERE aún no está cerrada. La investigación del caso considera que los fondos públicos defraudados entre 2001 y 2010 ascienden ya a 136 millones y el Consejo Consultivo acaba de apuntar a 65 millones. El fondo de los ERE estuvo dotado con 721 millones y el coste final será de 1.217 millones. Además, la instrucción de esta macrocausa aún no ha concluido, con lo que la recuperación del dinero podría demorarse. Y el TSJA ha frenado la vía de la Junta para recuperar el dinero de los intrusos en los ERE. Después de que el PP le haya reprochado su “tibieza” ante la corrupción –la Junta no se ha personado en la causa contra UGT–, la presidenta se esforzó ayer en demostrar que sigue siendo “implacable” frente a los corruptos y en marcar distancias con la gestión de sus antecesores. Recordó que en el Presupuesto de 2014 se ha introducido por primera vez la fiscalización previa y a posteriori de las transferencias de financiación, el canal por el que se han esfumado cientos de millones en el caso de los ERE. Díaz puso fecha también a sus grandes promesas de transparencia: la ley andaluza se aprobará en enero, ayer se dio luz verde a la publicación del orden del día y las actas de los Consejos de Gobierno y en enero comparecerá en el Parlamento. El refuerzo del papel de la Cámara de Cuentas para fiscalizar la contabilidad de los partidos estará en el próximo periodo de sesiones. En 2014 también se impulsará la Ley de Servicios Sociales. Concertación // La presidenta hizo un repaso pormenorizado de los “intensos” cien primeros días de su Gobierno, que se han centrado en dar una “respuesta más humana” a la crisis. Puso en valor que Andalucía ha logrado mantener los derechos sociales pese a los recortes y que la política pública prioritaria es el empleo. Ahí admitió la autocrítica. Reconoció que una tasa de paro del 36,4% es “insoportable” y dejó entrever que el mecanismo que durante 20 años debía rebajar esa cifra, la concertación social, no ha funcionado. La presidenta apostó por “revisar” el diálogo social con sindicatos y empresarios, justo en su momento de mayor descrédito por los escándalos de UGT o la patronal, y de abrir la economía “en canal”, sin dar “nada por sentado”. En la hoja de ruta de Susana Díaz para los próximos meses está la intención de mantener la “lealtad institucional” con el Gobierno central y la “mano tendida” al PP-A. “Se la he tendido desde el primer día pero la oposición está dispersa, entretenida con sus líos internos”, ironizó sobre la ausencia de candidato del PP a la Junta. La presidenta lamentó que su interlocución es “más fluida” con el Gobierno de Mariano Rajoy –ayer mismo habló con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría– que con el PP andaluz y confió en que pronto nombren a un “interlocutor válido”. Al Ejecutivo, no obstante, le reprochó su “crueldad e insensibilidad” al recurrir la ley andaluza antidesahucios. En estos cien días la presidenta se ha recorrido 20.000 kilómetros y ha participado en 25 foros, muchos de ellos fuera de Andalucía. Todos la buscan, no en vano se ha convertido en un referente incontestable del socialismo y en un elemento clave para afrontar el órdago catalán. El PP le reprocha que se dedique más a intentar escalar en el PSOE que a trabajar por esta comunidad, pero Díaz les espetó: “Algunos están dedicados al politiqueo de baja altura. Yo llevo la voz de Andalucía dentro y fuera de esta tierra”. El PP pide investigar el “chiringuito” de los fondos de cooperación local El PP andaluz va a solicitar la comparecencia en el Parlamento del vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, sobre los fondos de cooperación internacional destinados por la Administración andaluza al Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi), al que calificó como “un chiringuito en quiebra gestionado por dirigentes socialistas y comunistas”. Carolina González Vigo (PP) recordó que Famsi es una de las 85 entidades a las que el Gobierno andaluz le ha reclamado el reintegro de subvenciones al no haberlas gastado en su totalidad o no justificarlas adecuadamente.

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