J. Alonso / R. Velis / J. Rubio / C. Rengel
El Gobierno local (PSOE-IU) sabía desde el 4 de febrero que la Junta de Andalucía disponía de una grabación de audio que refleja cómo presuntamente el ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, y su adjunto, Daniel Ponce, reclamaron una comisión de 450.000 euros a los directivos del Grupo La Raza a cambio de permitirles instalar una escuela de hostelería en su recinto. De eso hace 55 días. Sólo ayer los socios de Gobierno emitieron un comunicado en el que admiten que la Junta le informó de la denuncia y que por eso destituyó a Mellet y Ponce, hace ya mes y medio. Entonces, Mellet alegó "motivos personales" -la grave enfermedad de su padre y su suegro- para dejar el mercado de mayoristas, cuando más proyectos se habían emprendido y más saneadas estaban las cuentas. El expediente ha sido enviado por la Consejería de Empleo a la Fiscalía de Sevilla, donde la fiscal jefe, María José Segarra, se está encargando de la investigación. El delito del que son sospechosos es el de cohecho, que puede acarrearles penas de entre dos y seis años de cárcel después de un juicio con jurado popular.
Según informaron ayer fuentes de La Raza, uno de sus directivos se entrevistó con Mellet y Ponce en el despacho del gerente y allí le instaron a que, para lograr la escuela, aportara 150.000 euros con los que pagar la instalación eléctrica del centro. Además, le reclamaron otros 300.000 "con un uso no conocido". Ahí es donde comienza un relato de película pura, ya que, al parecer, instaron al hostelero a que ese dinero lo dejara en un maletín, olvidado en un despacho, para que no levantara ninguna sospecha. El directivo de La Raza ya había escuchado alusiones similares en las conversaciones previas a este encuentro, de ahí que se pusiera en contacto con la Junta de Andalucía; un alto cargo del Gobierno andaluz fue el que le aconsejó que grabara la conversación para dejar constancia de la oferta. Así lo hizo, y de ahí proceden comentarios como la siguiente frase: "Si queréis entrar aquí, esto es lo habitual en Mercasevilla". Mellet y Ponce insistieron en que se trataba de un "trámite sencillo", rutinario, y que si no querían dejar el dinero en el maletín, podían hacer un ingreso o una donación a la Fundación Mercasevilla con "un fin social". De forma insistente, Mellet dijo que el dinero era un requerimiento impuesto por la Junta de Andalucía.
Después de que ABC de Sevilla informase ayer del caso, desde la empresa se mostraron "muy sorprendidos" ante la actitud de los investigados y defendieron que la única intervención de La Raza en este caso "ha sido la de poner en conocimiento de la Justicia una situación grotesca, como de película, pero que es verdad". "Cuando se planteó [la oferta], dijimos aquí hay fuego y nos fuimos. No queremos saber ya nada de la escuela. Nos gusta hacer las cosas bien hechas y salir en la prensa sólo por lo bien que hacemos la cola de toro. Tenemos un nombre y una imagen intachable de más de 75 años como empresa y no queremos que se venga abajo por este tipo de personajes", explicaron.
Fuentes próximas a la defensa de Mellet dijeron, por contra, que los hechos divulgados "no son ciertos"; lo que hay, dicen, es una propuesta legal y dentro de una relación de dos años y medio, que es el tiempo que Mercasevilla llevaba negociando con el grupo hostelero. Por eso esperan que se esclarezcan los hechos y "se demuestre la inocencia" de los ahora investigados.
reacción. Todo esto ocurrió hace casi dos meses, pero al estallar ayer obligó a una reunión de urgencia del Gobierno local, a modo de gabinete de crisis. Tras una mañana de carreras por los pasillos y puertas cerradas, PSOE e IU lanzaron un comunicado conjunto en el que reconocen que saben del presunto cohecho desde el 4 de febrero, cuando la Junta les informó. Aseguran que por eso anularon el consejo de administración de Mercasevilla del día 6 de ese mes, "hasta no corroborar la información" de Empleo. El 13 de febrero, de nuevo, la Junta les informó de la "certeza" del caso, por lo que "pierden la confianza" en Mellet y lo "cesan" -un cese nunca firmado, pues se disfrazó de dimisión-. Pese al retraso, el Ayuntamiento afirma que ha actuado "con la mayor diligencia y contundencia" ante el "más mínimo indicio" y que ha ordenado crear una comisión de investigación para revisar las cuentas del mercado -"aun no estando en cuestión ni un sólo euro procedente de las arcas municipales". "Hemos dado todos los pasos que los ciudadanos esperan que realicen sus responsables públicos", añadieron.
