Los dueños de una constructora sevillana que han llevado a los tribunales a una promotora de Marruecos, a la que acusan de echarlos con malos modos de su propia obra y robarles su maquinaria y sus materiales, han pedido ayuda al Gobierno central, a la Embajada de España en Rabat y a la de Marruecos en Madrid. Y cansados de no recibir respuesta han empezado a contactar con los grupos parlamentarios andaluces, como vía de entrada de su queja sobre lo que consideran una "extorsión" de la empresa marroquí a la que han denunciado, y a la que reclaman 1,8 millones de euros.
Manuel Dueñas y Rodrigo Rodríguez montaron la empresa Torreblanca Construction Maroc, a la que la promotora Addoha subcontrató 240 viviendas públicas en Tánger. Trasladaron desde España maquinaria, herramientas y materiales por valor de 350.000 euros y contrataron a 160 trabajadores. Varios meses después Addoha dejó de pagarles y comenzaron a deber dinero a sus obreros y sus proveedores. Aún así continuaron hasta que, según su versión, responsables de la promotora fueron a la obra y los expulsaron por la fuerza, alegando que el solar era suyo, sin dejarles sacar nada. Cuando días después enviaron a un delegado a recuperar sus cosas, fue agredido.
Por los impagos y el material "robado" reclaman a Addoha 1,8 millones, pero el juicio ha sido fijado dos veces y las dos se ha aplazado el mismo día de la vista.
Al verse "indefensos", Dueñas y Rodríguez se han quejado ante los ministerios de Exteriores, Presidencia y Economía españoles, ante otros tantos del Gobierno marroquí y ante las embajadas de ambos países, pero denuncian que ni siquiera les responden. Y lamentan que las autoridades mantengan en su discurso oficial que la relación bilateral es buena e insten a invertir en Marruecos si se dan estas situaciones, que no son aisladas: otras empresas andaluzas las han denunciado, como la gaditana Crotalon, que entregó como aval 90.000 euros para hacer viviendas en esa misma promoción y cuatro meses después también le quitaron la obra, sin devolverle el dinero y abonándole con pagarés falsos el trabajo realizado. Su denuncia ante la Justicia marroquí a finales de 2010 tampoco sirvió de nada, según su gerente, David Marchena.
Los empresarios sevillanos reclaman una reunión de alto nivel que desatasque la situación ya que ahora, con el caso sin juzgar, no pueden seguir trabajando en Marruecos al tener deudas. Y si no hay solución, exigen que España alerte con claridad a los empresarios que quieran invertir en el país vecino del riesgo que corren.
El Ministerio de Exteriores indicó a El Correo que un asunto así es privado y debe resolverlo la Justicia marroquí, aunque no respondió a las preguntas de este periódico sobre este caso concreto.
