El único apoyo para Dos Hermanas, aunque mínimo, fue en la sentencia de 2007 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), donde perdió, pero el magistrado Julián Manuel Moreno Retamino emitió un voto particular que prácticamente vaticinaba el proceso administrativo abierto ahora. El juez estaba de acuerdo con sus compañeros en que no podía anularse el decreto, pues no se había instado "por los cauces que ofrece el ordenamiento jurídico". En otras palabras, existen otras vías que no las judiciales para anular el decreto preconstitucional.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Dos Hermanas defiende que ese decreto, redactado en plena Guerra Civil, fue ilegal según la ley tanto de gobierno republicano como del nacional. Para el caso de los segundos, el magistrado recuerda que "ni siquiera ejercían su bando en todo el territorio nacional", por lo que dicho texto "no era una norma jurídica más que en el nombre". De igual modo, el magistrado cita "vicios de origen" del texto, que no se basaba en ninguna norma anterior, ni republicanas ni monárquicas, y que "irrumpió en el ordenamiento jurídico como un elemento extraño, sin orden ni concierto", por lo que "no era de derecho".
El fundamento del decreto era el hecho de que el Hospital Militar estaba en construcción, y se temía que éste quedara en dos términos municipales distintos. Lo que para el juez es una "sumisión del poder militar al civil sin tener en cuenta el interés general, de los vecinos de ambas comunidades", razón por la cual expone que "ya antes de la Constitución Española el decreto debía haberse anulado".
Cabe recordar que los alcaldes de Sevilla y Dos Hermanas ya estaban antes de que estallara la Guerra Civil en conversaciones para la cesión de terrenos. Ese precedente invita a pensar que los ediles de Dos Hermanas de entonces pretendían que la segregación se hiciera. Pero dicho acuerdo no se llegó a terminar debido al golpe de estado. La legislación de entonces establecía un protocolo para estos casos: debía llevarse al pleno y más tarde los vecinos debían dar su conformidad en una especie de referéndum. Nada de eso pudo ser.
Dos Hermanas decidió agotar todas las vías -todavía le queda el Tribunal Constitucional- y cuando el Tribunal Supremo tumbó sus pretensiones, se embarcó en el proceso administrativo. Estos precedentes, y muchos más, están siendo estudiados por los técnicos, entre otras cosas porque es posible que no se aguante más un nuevo revés, en este caso de las administraciones.