El edil de Urbanismo de Estepona (Málaga), el socialista Rafael Duarte, ha pedido al concejal de Personal y Régimen Interior, Francisco Zamorano, libre bajo fianza de 50.000 euros por el caso Astapa, medidas para evitar la manipulación o sustracción de documentos urbanísticos.
Duarte detalló a Efe que presentó esta petición en un escrito al considerar que algunos imputados en la referida operación contra la presunta trama de corrupción municipal en este consistorio están accediendo a documentación municipal, caso del jefe del departamento de Urbanismo, Ignacio de la Hoz, y del jefe del servicio jurídico de este área, Andrés Flores.
El responsable de Urbanismo reclamó también que se controle por parte de la Policía Local el acceso a las oficinas y se prohíba la entrada a las mismas "en horario que no sea de oficina a personal que está accediendo a determinadas delegaciones".
Según fuentes municipales citadas por Efe, el pasado jueves dos de los imputados en esta operación, el abogado y militante socialista Juan Simón y el arquitecto municipal Arturo Cebrián, ambos en libertad bajo fianza de 300.000 y de 30.000 euros respectivamente, "se pasearon por las oficinas generando miedo o desasosiego en los trabajadores del área", informó la agencia.
En cuanto a De la Hoz y Flores, el edil de Urbanismo consideró que "no pueden seguir como cargos de libre designación en sus puestos ante lo destapado en la operación" y justificó su petición de medidas a Zamorano -expulsado provisionalmente de las filas socialistas por su imputación en el caso- en aras al interés general y "por las exigencias de la instrucción judicial". Duarte instó a Zamorano a que "reconsidere la posición de estos dos jefes de servicio", puesto que De la Hoz está en libertad bajo fianza de 50.000 euros y Flores en libertad con cargos.
Admitido a trámite . La juez del caso, Isabel Conejo, admitió a trámite el recurso contra el auto de prisión incondicional sin fianza presentado por la defensa del portavoz del Partido Estepona (PES), José Ignacio Crespo, imputado por cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo. Conejo, según Europa Press, ha trasladado el recurso a la Fiscalía para que se pronuncie al respecto.
Entre tanto, la portavoz del grupo parlamentario popular, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que el PP planteará en el Congreso la disolución del ayuntamiento dentro del objetivo del partido de "expulsar del sistema a los corruptos". "Hay que expulsar a aquellos que se aprovechan del servicio público para enriquecerse", aseguró.
