En su primera comparecencia ante la prensa, el nuevo consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, ha anunciado que su departamento está dispuesto a denunciar a las familias que cometan fraude escolar como responsables de un delito de falsificación de documento público, algo que está castigado en el Código Penal con penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. "Vamos a perseguir el fraude de forma implacable", dijo. El momento en el que el consejero anuncia este mensaje no es casual. El proceso de escolarización se cerró hace dos semanas, la primera lista de admitidos se hará pública en breve y acto seguido, muchas de las familias que no hayan logrado plaza en el colegio que quieren para su hijo empezarán a denunciar a las que sí lo han logrado, buscando pruebas y acusándolas de haber falsificado los datos de su matrícula. De modo que el mensaje del consejero es, ante todo, un aviso a navegantes. Pero esta vez es algo más que eso.
En la reciente reunión que mantuvieron el fiscal jefe, Jesús García Calderón, y Álvarez de la Chica, el consejero le tanteó para saber hasta dónde podía implicarse la Fiscalía Superior de Andalucía en la lucha contra el fraude escolar, "uno de los problemas más graves de escolarización que sufre la comunidad". El Gobierno andaluz quiere que el Ministerio Público empiece a considerar el fraude escolar como un delito de falsificación de documento público, y que lo haga de forma genérica.
García Calderón le ha pedido un informe a la consejería para determinar si, en efecto, falsear datos para lograr plaza en un colegio se ha convertido en un problema en aumento y sin visos de aminorar, como sostiene Educación. "La Fiscalía valorará desde el punto de vista jurídico la solicitud que ha planteado la consejería, pero para ello se le ha pedido un informe detallado sobre el problema", explicaron ayer fuentes del Ministerio Público.
Crear doctrina. Cuando se constata que existe un delito en progresión y que la sociedad demanda una respuesta mayor, la Fiscalía puede establecer un criterio genérico de cómo actuar jurídicamente en estos casos. Así ocurrió con las agresiones a los profesores, que la Fiscalía Superior del Estado empezó a considerar un delito de atentado a la autoridad desde 2008. Para tipificar el fraude escolar como delito de falsificación no sería necesaria una reforma legal, bastaría con que el denunciante lo planteara en su querella y que el fiscal lo acepte. El fiscal jefe admite que es factible dar el paso, porque, de hecho, "hay antecedentes en fiscalías provinciales que han enjuiciado algunos fraudes escolares como un delito de falsificación". Entre ellas, Sevilla, que es una de las provincias con más saturación de denuncias por fraude en los juzgados de lo Contencioso Administrativo.
Desde hace años, el fraude escolar se ha enquistado en el sistema de reparto de plazas, sobre todo en colegios concertados católicos. Sólo en Sevilla, unos 2.000 niños se quedan fuera del centro elegido en primera instancia. La Delegación de Educación recibe entre 600 y 700 denuncias de padres contra otros padres, y en torno a 200 se resuelven con la expulsión de los alumnos que mintieron para lograr plaza escolar. Ni los continuos cambios en la matriculación ni el celo de la Junta para investigar los casos han logrado mermar el fraude, que termina resolviéndose en un proceso paralelo en los juzgados.
«Queremos acciones ejemplares e implacables»
Francisco Álvarez de la Chica se estrenó ayer con un discurso rotundo, claro y contundente sobre el fraude escolar. No lo anunció hasta que se le preguntó, pero después lo dijo, lo enfatizó y lo remarcó. Quizá en el poco tiempo que lleva en la consejería, ya le ha llegado alguno de los informes de las delegaciones provinciales que advierten del serio problema que suponen los casos de fraude escolar -sobre todo en Sevilla y Cádiz-, y la imposibilidad de ponerle freno con herramientas puramente administrativas.
O quizá le ha llegado el informe del Defensor del Pueblo Andaluz, donde da cuenta de los recurrentes problemas de escolarización. En cualquier caso, el consejero lo ha considerado un asunto prioritario, porque en una reunión de media hora con el fiscal jefe de Andalucía, quiso sacar el tema. "En la reunión, el fiscal jefe me planteó que está dispuesto a ir más allá", explicó ayer. La intención es que los casos de familias que obtengan una "ventaja ilegítima" falseando los datos de la matrícula de su hijo no se traten como un simple "procedimiento administrativo, sino como un delito". "Queremos realizar acciones ejemplares para que los ciudadanos tengan plena certeza de que el proceso de escolarización es limpio 100%", dijo. El consejero invitó "a los padres que sospechen que les ha sido lesionado su derecho" a que denuncien públicamente dichas situaciones, porque Educación "no puede inspeccionar de oficio los centenares y miles de solicitudes".
