"Al sector de los libreros le tengo un extarordinario respeto y consideración, pero decir que tienen que tirar los libros me parece un exceso, ¿qué mensaje están trasladando?". Es lo que dijo ayer el consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, quien aseguró que la Junta no reconsiderará su decisión de dejar colgados dos millones de libros de texto a los editores y que no indemnizará al sector.
El Gobierno andaluz tenía firmado un convenio con los libreros para cumplir, a través del cheque-libro, con el compromiso de manuales gratis a los alumnos de Primaria y Secundaria. El derecho de gratuidad seguirá existiendo, pero los estudiantes más mayores deberán estudiar con los libros usados por sus compañeros del año anterior. Esta decisión de no renovar el material para Secundaria (que afectará a 200.000 alumnos) supondrá un ahorro de 45 millones de euros.
El anuncio ha puesto en pie de guerra a la industria de los libros de texto. Después de que El Correo avanzara la semana pasada que Educación iba a incumplir el convenio, Juan Manuel Cruz (presidente de la Federación de Libreros andaluces), alertó en declaraciones a este periódico del efecto "devastador" de la medida. Perderían 45 millones de euros y se quedarían en sus almacenes dos millones de libros "inútiles, que ya no sirven para nada". El sector asegura que si la Junta no compra no tienen salida. El consejero defendió ayer que esos manuales pueden salir al mercado y además aseguró que si no, el año próximo serán adquiridos por la Junta. "Los libros tienen una vida media tasada de cuatro años", defendió. Ante el anuncio de los libreros de que irán a los tribunales, el Ejecutivo no se inmutó.
Álvarez de la Chica admitió que en su día se llegó a un acuerdo con este gremio que en las circunstancias actuales van a rescindir o aplazar. "Esto no es un recorte, la decisión es que no hacemos un gasto extra", defendió. "Hay que hacer un ejercicio colectivo de austeridad, otra cosa no la entenderían los docentes ni la sociedad", dijo. Además enmarcó esta decisión como una apuesta por introducir el libro electrónico en las aulas. El próximo curso algunos alumnos tendrán ebook de forma experimental.
En lo que no ahorra la Junta es en la compra de ordenadores portátiles para alumnos y profesores. El Consejo de Gobierno autorizó la compra de 110.000 nuevos portátiles (33 millones de euros) que permitirá que el próximo curso tengan ordenador propio los alumnos de tres cursos, quinto y sexto de Primaria y primero de Secundaria. Desde CCOO, su secretario de Enseñanza, José Blanco, criticó esta inversión. La Junta, denunció, se está dedicando "exclusivamente a la compra de más equipos informáticos" cuando "no es el momento" para ello, sino para "hacer ajustes realistas y negociados con los sindicatos en materia educativa y en materia de política social". Los sindicatos exigirán a la Consejería "que se siente a negociar" los recortes y políticas educativas a seguir a partir de ahora porque "en una coyuntura difícil como ésta no cabe café con leche para todos". El consejero lamentó ayer esta mentalidad y negó que vayan a cambiar estas políticas "estratégicas".
