El Gobierno de EEUU sacó a China del grupo de los mayores violadores de los derechos humanos en el mundo pero mantuvo en esa "lista negra" a países como Birmania, Irán y Corea del Norte, y criticó con dureza la corrupción en Rusia.
Esa es la esencia del voluminoso informe anual sobre la situación de los derechos humanos en más de 190 países en 2007 que divulgó hoy el Departamento de Estado, en el que destaca dentro de Latinoamérica el deterioro en Cuba y Venezuela, y los progresos en Colombia.
El informe asegura que en diez países el poder está concentrado en dirigentes que "no rinden cuentas": Corea del Norte, Birmania, Irán, Siria, Zimbabue, Cuba, Bielorrusia, Uzbekistán, Eritrea y Sudán.
En Mauritania, Ghana, Marruecos y Haití hubo mejoras, pese a que en el país caribeño no hubo elecciones para el Senado.
El informe critica la corrupción en Rusia y la violencia sectaria en Irak, país que, bajo presiones de Estados Unidos, ha establecido un marco legal y constitucional para el respeto de los derechos humanos.
Durante una rueda de prensa, el subsecretario de Estado interino para Derechos Humanos, Jonathan Farrar, no precisó los motivos de que China, anfitriona de los Juegos Olímpicos en agosto próximo, haya sido excluida de la lista negra, pero destacó que ese país tuvo "un pobre historial en derechos humanos" el año pasado.
Así, el informe denuncia los fuertes controles a la libertad de culto en las áreas del Tibet y en la región autónoma de Xinjiang Uighur.
Además, el Gobierno chino continuó su campaña de vigilancia, acoso, detenciones, arresto y encarcelamiento de activistas, escritores, periodistas, abogados y sus familiares, "muchos de los cuales buscaban ejercer sus derechos", agregó.
Por otra parte, el Departamento de Estado criticó con dureza la centralización del poder del Ejecutivo en Rusia, así como la corrupción y la forma "selectiva" en la que se hacen cumplir las leyes.
El informe destacó el acoso hacia las organizaciones no gubernamentales, las restricciones a la oposición y a los medios de comunicación y la impunidad en varios asesinatos de periodistas.
En Irak, la violencia sectaria y étnica, sumada a la débil gestión del Gobierno, han dado pie a una extendida violación de los derechos humanos y un alto número de refugiados y desplazados internos, según el análisis.
En Irán se violaron los derechos de la libertad de expresión y se incrementó la represión de disidentes, periodistas, activistas laborales y defensores de los derechos de la mujer.
Las fuerzas del orden recurrieron a los arrestos arbitrarios, la tortura, el secuestro, el uso excesivo de la fuerza y la privación del derecho a un juicio a los detractores del Gobierno, subrayó.
En América Latina, según el informe, Cuba permanece bajo "control totalitario" y el régimen de Raúl Castro perpetra "numerosas y graves" violaciones de los derechos humanos, según el análisis.
En ese sentido, en Cuba "ha habido muy poco cambio y ciertamente ningún progreso", enfatizó Farrar.
En Venezuela, según el informe, una "vigorosa resistencia" impidió que el presidente Hugo Chávez intentase minar las instituciones democráticas, debilitar a los medios de comunicación independientes, e intimidar a la sociedad civil.
Chávez además propuso cambios constitucionales que le hubiesen permitido extender el mandato presidencial, pero terminó aceptando la derrota de esas reformas en un referendo celebrado en diciembre pasado.
Al igual que en el informe sobre 2006, EEUU elogió los esfuerzos del Gobierno colombiano por mejorar el respeto a los derechos humanos y la seguridad ciudadana.
En concreto, hizo hincapié en la Ley de Justicia y Paz que, a su juicio, "ayudó a esclarecer más de 3.000 crímenes y condujo a la exhumación de fosas comunes, lo que facilitó la identificación de más de mil restos humanos".
Preguntado sobre si el informe ayudará a conseguir que el Congreso estadounidense apruebe el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, Farrar dijo que "no se trata de un informe (para recomendar) políticas" y que, ahora, "lo importante es dar seguimiento" a los logros de 2007.
El informe destacó que México sigue aquejado de problemas de "impunidad y corrupción" a niveles estatales y locales.
El análisis destacó el papel de entidades como la Organización de Estados Americanos (OEA) para la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones, a través de una extensa red de expertos en asuntos legales, jurídicos y electorales, así como en la reforma de la participación cívica.
