El gobierno está pensando en subir los impuestos a las rentas más altas para compensar el abultado déficit público y garantizar las políticas sociales y las inversiones públicas. Según aseguró el número dos del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, el Ejecutivo tiene previsto revisar en otoño todas las figuras tributarias para impulsar medidas que permitan mantener las exigencias del Pacto de Estabilidad de la UE pese al efecto negativo que el ambicioso plan anticrisis ha tenido sobre las arcas del Estado. De hecho ya se han puesto en marcha algunas de estas medidas fiscales, como la subida de los impuestos sobre el tabaco y los carburantes y la reducción de las deducciones por vivienda, prevista para 2011. Se trata de los primeros efectos visibles de la recesión sobre las políticas económicas, pues ya queda muy atrás el largo periodo de prosperidad que ha permitido a los gobiernos del PP y el PSOE bajar la presión fiscal y mantener el nivel de los servicios públicos.
Pero la lógica parece imponer ese cambio de tendencia. En momentos de crisis, quienes más tienen son los que tienen que ayudar a los más necesitados. En términos de solidaridad la propuesta parece razonable, pero el problema radica en delimitar el grupo de "los que más tienen", habida cuenta de que sólo un 3% de los contribuyentes declara más de 60.000 euros al año y sólo el 20% declaran más de 30.000. Eso significa, para la oposición, que el grueso de la subida de impuestos recaería sobre las clases medias, que son el auténtico sostén económico del Estado. Un tosco argumento demagógico que no se contradice con el imperativo de ajustar las medidas al máximo porque una excesiva presión fiscal puede incluso contrarrestar el efecto de los planes anticrisis. Parece que antes también se revisarán a la baja prestaciones sociales que fueron bastante cuestionadas como el cheque-bebé y la deducción de los 400 euros. El objetivo es recaudar y, si es preciso, en democracia se recauda así, aunque resulte impopular.
