La Gran Sevilla está haciendo sus deberes para favorecer la accesibilidad de las personas con una movilidad reducida. Sólo 11 de los 46 municipios que conforman el área metropolitana no se han acogido al plan de accesibilidad que promueve -y subvenciona- desde hace una década la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, con lo que se sitúa cerca de la media del resto de la provincia, donde se han acogido el 80% de los municipios y, es superior a la media provincial.
Sevilla, Alcalá de Guadaíra, La Rinconada y Los Palacios y Villafranca se sitúan a la cabeza entre los municipios de más población que se han acogido a esos planes de accesibilidad de la Junta. De hecho, Alcalá se sumó hace 11 años, siendo de los primeros, junto a pueblos metropolitanos como Gerena, Olivares, Carrión de los Céspedes y Villamanrique de la Condesa. Sin embargo, no se han acogido a esas ayudas para redactar el plan, clave para recoger las propuestas de actuación para suprimir las barreras arquitectónicas, núcleos de gran población como Dos Hermanas, Utrera o Mairena del Aljarafe. A esa lista también hay otros como Bormujos, Brenes, Camas, Castilleja de Guzmán, Carmona, Gelves, Salteras, San Juan de Aznalfarache. Bien es cierto que algunos de los municipios que no se han acogido a las ayudas, caso de Utrera, sí que han elaborado su propio plan a través de otras entidades, como la ONCE.
El último municipio del área metropolitana en unirse a la lista de los que cuentan con plan de accesibilidad fue Palomares del Río, en 2009. Éste recoge propuestas para suprimir las barreras existentes en vías y espacios públicos, mobiliario urbano, edificaciones de uso público y transportes. La misión es hacer accesible gradualmente el entorno para que las personas y, en especial, las que tienen una discapacidad, puedan desenvolverse de manera autónoma y segura.
Los programas, subvencionados por la Junta, evalúan el grado de accesibilidad, definen las actuaciones necesarias para adaptarlos, las valoran, priorizan y proponen un plan de etapas presupuestado para su ejecución. Por ello, constituyen un instrumento básico para la programación coordinada de las actuaciones de accesibilidad en los municipios.
La Ley de Atención a las Personas con Discapacidad andaluza dispone que los Ayuntamientos elaborarán planes especiales de actuación que garanticen, de acuerdo a unas prioridades y plazos establecidos, la adaptación de los espacios urbanos y sus elementos; así como la accesibilidad de sus edificios a las personas con movilidad reducida. Además, la Junta de Andalucía aprobó en 2009 el decreto que regula la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte, una norma que sustituye a la que estaba en vigor desde 1992 para eliminar las barreras arquitectónicas.
Además, la Junta puso en marcha en mayo el II Plan de Acción Integral para Personas con Discapacidad, con vigencia hasta 2013 con una inversión inicial de 2.139 millones de euros, para facilitar la accesibilidad y la participación plena del colectivo en los ámbitos educativo, sanitario, laboral, social, cultural y deportivo. En Andalucía viven en torno a 715.000 personas con discapacidad -el 9,5% de la población-.
