Un jurado popular será el encargado de juzgar a Francisco Gutiérrez Carrasco, el agricultor que acabó con la vida de su hermano Manuel el 16 de junio de 2013, y que se enfrenta a los 22 años de cárcel que le pide la Fiscalía de Sevilla. El juicio comenzará el próximo 3 de noviembre en la Audiencia Provincial.
Los hechos ocurrieron el año pasado, el 16 de junio de 2013, en una nave agrícola de La Rinconada, en La Jarilla. Ambos hermanos «mantenían fuerte rencillas» y las relaciones eran «casi nulas desde hacía años, a raíz de graves problemas de índole económica», según consta en el escrito del fiscal.
Los dos compartían la nave donde ocurrió todo, ya que ésta era propiedad de la madre, destinada a usos agrícolas. Sin embargo, prácticamente ninguno de los dos la utilizaba ya, porque el acusado «cesó en sus tareas agrícolas» y el fallecido la empleaba como taller para arreglar su maquinaria, «especialmente tras las cosechas, los domingos y los festivos». Por ello, siempre según el Ministerio Público, «en ejecución de un plan preconcebido y con la intención de acabar con la vida de su hermano», aquel domingo, Francisco se dirigió hacia la nave, ocultándose bajo un sombrero de paja y unas gafas de sol. Luego dejó su coche en la nave y se montó en otro registrado a nombre de su hijo y se marchó del lugar. Tras repostar gasolina, regresó para «apostarse en un lugar desde el que acechaba la llegada de su hermano», portando una pistola para la que no tenía licencia. Un arma, que coincide con la usada en un intento de homicidio a un empresario en 2012, hechos aún por esclarecer.
Cuando la víctima llegó, y estando está atareada, Francisco le disparó «de frente y a escasamente un metro de distancia, haciendo con ello imposible cualquier reacción defensiva». El acusado le dio dos disparos, uno que impactó en el ojo izquierdo de su hermano y otro en la región temporal, lo que provocó la caída de la víctima. Ya en el suelo, Manuel recibió un tercer disparo, «a cañón tocante», con el arma apoyada en la sien izquierda.
Por ello, la Fiscalía imputa al procesado un delito de asesinato, por el que pide 20 años de cárcel, y otro de tenencia ilícita de armas, con dos años de prisión. Además de una indemnización de 281.000 euros para la familia del fallecido.
