El alcalde de Morón de la Frontera, Manuel Morilla (PP), se reunió ayer con el director de la cárcel que se abrirá en la localidad a finales de julio, un encuentro en el que pidió que el recinto dé trabajo a los moronenses y que tenga relaciones comerciales con la ciudad.
El alcalde de Morón se entrevistó ayer en el Consistorio con el director de la cárcel que se construye en el municipio, José Vidal Carballo, tan sólo unos días después de que la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, nombrara a Vidal Carballo en el cargo del centro, cuya inauguración está prevista para finales de julio.
Tanto el alcalde como el director de la cárcel se comprometieron a mantener "una gran línea de colaboración" y destacaron las peticiones de Morilla. El regidor solicitó que la bolsa de trabajo de la prisión "siga teniendo en cuenta los currículos de vecinos" de la localidad y pidió que la cárcel establezca "relaciones comerciales" con proveedores y profesionales locales.
Beneficios. Ni a los detractores ni a los defensores de la cárcel se les pasa por alto las ventajas que un centro penitenciario conlleva y que se expresan en cifras: más de 600 empleos (500 funcionarios, 35 contratos, unos 100 agentes y demás suministradores y puestos de trabajo indirectos).
El personal y el coste del mantenimiento supondrán un gasto de 2,5 millones de euros al año para el Estado, que se suman a los tres que ingresa el Ayuntamiento por las licencias y las tasas de las obras. Es así uno de los proyectos más importantes -también ha sido muy polémico y dividió a los vecinos- de esta ciudad de casi 28.500 habitantes.
Con una inversión prevista de 53 millones de euros, este edificio, diseñado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siepsa), será lo que este organismo denomina un centro penitenciario tipo, caracterizado por su estructura modular o, lo que es lo mismo, compuesto de varios edificios independientes.
De este modo, y según explicaron fuentes de Siepsa, cada módulo se concibe como un pequeño centro autónomo, con todos los servicios y dependencias necesarios para satisfacer las funciones de vigilancia, estancia, tratamiento y formación de los 2.000 reclusos que albergará este presidio provincial. Igualmente, existirán módulos expresamente destinados para mujeres, así como uno que tendrá como función principal el aislamiento de los reos allí destinados.
El proyecto contó con el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo, concedido el 19 de octubre de 2005 al plan especial de la cárcel, puesto que los terrenos donde se asienta estaban clasificados como suelos no urbanizables en las normas subsidiarias vigentes en el municipio.
En el plan especial se concretó que la parcela sería de 313.144 metros cuadrados, quedando intramuros 100.600. Los edificios ocuparán unos 39.725 metros cuadrados de suelo, con una superficie construida de 91.911 y una altura máxima de fachada por edificio de hasta 12 metros (unas cuatro plantas) y de 45 para la torre de vigilancia.
