El próximo 24 de enero se cumplirán los cuatro años de la muerte y desaparición de Marta, antes está previsto que el Tribunal Supremo dicte la que será la sentencia definitiva. Y es que el pasado año judicial comenzaba con el juicio a los cuatro adultos implicados que se prolongó durante un mes y medio, tras el que la Audiencia Provincial dictó una sentencia que fue muy criticada tanto por la familia de la joven como por la sociedad, que se manifestó de forma masiva.
Miguel Carcaño fue el único condenado por el crimen , aunque lo fue por un delito de asesinato a 20 años de prisión. Su amigo Samuel Benítez, su hermano Javier Delgado y la novia de éste María García fueron absueltos del delito de encubrimiento porque no había indicios suficiente de que los tres ayudaran a Carcaño a ocultar el cuerpo de Marta, cuyo paradero aún se desconoce. La familia de la joven recurrió ante el Supremo, solicitando la nulidad del juicio ante lo que su abogado calificó como una sentencia con "oscuridades, contradicciones e incoherencias que hacen que sea incomprensible". Una petición a la que se unió la Fiscalía. La abogada de Carcaño también recurrió, solicitando una rebaja de la pena de al menos cinco años.
De momento, la única decisión que conocemos del Supremo respecto a este caso es que confirmó los 414.000 euros impuestos al Cuco, el que fuera menor de edad cuando ocurrió el crimen, por el coste de la búsqueda del cuerpo en el río. Precisamente, este año será también, a mediados de marzo, cuando el Cuco salga en libertad tras haber cumplido la condena de tres años de internamiento por encubridor.
Precisamente, en esta fecha tendrá lugar el juicio al exmatador de toros Ortega Cano, que se sentará en el banquillo a partir del 12 de marzo por el accidente en el que perdió la vida Carlos Parra, un vecino de Castilblanco. Ortega Cano está acusado de homicidio imprudente en concurso con dos contra la seguridad vial, uno por conducción temeraria y otro por circular bajo los efectos del alcohol, por los que se enfrenta a cuatro años de prisión.
Y es que la Fiscalía se basa en el análisis de Toxicología que determinó que el diestro tenía una tasa de alcohol en sangre de 1,26 gramos por litro, más del doble de lo permitido. Asimismo, recuerda que los informes de la Guardia Civil determinaron que invadió el carril contrario cuando circulaba a una velocidad de 125 kilómetros hora, cuando la vía estaba limitada a 90 kilómetros por hora.
Pero el año comenzará desde el principio cargado de casos importantes. El primero, el 23 de septiembre, con el juicio a un conductor que acabó con la vida de una pareja en un accidente ocurrido en Tablada en octubre del año pasado. La Fiscalía le reclama cinco años de prisión por dos delitos de homicidio imprudente y uno de conducción temeraria, ya que conducía con una tasa de alcohol superior a la permitida y superando la velocidad de la vía. Además, se saltó dos semáforos en rojo, impactando con el vehículo de las víctimas.
A este juicio, le seguirá la vista con jurado por la primera rama del caso Mercasevilla, la del presunto intento de cohecho, que comenzará el 28 de septiembre. En el banquillo se sentarán el exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas, el exdirector general de la lonja Fernando Mellet, el que fuera su adjunto Daniel Ponce, y la trabajadora Regla Pereira. Los cuatro están acusados de cohecho, por el que el fiscal reclama una multa de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público durante 21 meses. En el juicio se oirá como prueba la grabación realizada por los empresarios de La Raza, a los que supuestamente los directivos de Mercasevilla le reclamaron 300.000 euros por hacerse con la gestión de la escuela de hostelería de la entidad. El PP solicita un año de prisión, el pago de 3,6 millones de euros y 13 años de inhabilitación para Rivas y Mellet por cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. Además, reclama una multa de 1.350.000 euros e inhabilitación durante tres años para Ponce y Pereira, a los que imputa cohecho. A partir de esta rama del caso, se fueron abriendo otras, que la jueza Mercedes Alaya sigue investigando. Ésta ha citado como testigo al presidente de la federación de mayoristas, José María Morillo, para el 13 de septiembre en la causa por la supuesta venta irregular de los suelos a Sando. Asimismo, aún tiene pendiente la rama abierta por un posible delito societario en la gestión.Por último, el caso Camas al fin será juzgado, a los siete años de haber sido destapado. Será el 22 de octubre cuando comience la vista con las declaraciones del exalcalde Agustín Pavón (IU), los ex ediles Antonio Enrique Fraile (PP) y José del Castillo (PA), y el empresario Eusebio Gaviño. Los cuatro se enfrentan a 18 meses de prisión y una multa de 24.000 euros por el intento de soborno de una concejal camera.
