El Consejo Audiovisual de Andalucía prepara, tras la última polémica desatada en torno a un informe de género, una nueva normativa sobre el funcionamiento del pleno que vetará los votos particulares si contienen insultos o faltas de respeto a alguno de los consejeros o a la propia institución.
Esta iniciativa surge después de que dos consejeros, Carlos del Barco y José María Arenzana (de PP y PA, respectivamente), se mofaran del último informe del Consejo sobre la invisibilidad del deporte femenino en los medios, un documento presentado por Carmen Fernández Morillo, consejera propuesta por el PSOE. No es la primera vez que se produce un caso así en esta institución y en otra ocasión, con motivo de un documento sobre anuncios de contactos sexuales, estos consejeros tuvieron una actuación similar.
Fuentes del Consejo Audiovisual aseguraron ayer a este periódico que "en la nueva normativa que se está preparando sobre el funcionamiento del pleno va a venir expresamente recogido que no se admitirán votos particulares con este tipo de expresiones o que supongan una falta de respeto". Según las fuentes, la norma se presentará "a uno de los próximos plenos una vez la propuesta este totalmente perfilada".
Estas fuentes apuntaron que, durante el pleno celebrado el día 9, el presidente del Consejo, Juan Montabes, "hizo una llamada de atención a los votos particulares porque estaban rozando el límite de la falta de respeto incluso contra la propia institución y casi llegando al insulto personal". Fue entonces cuando Montabes, añadieron las fuentes, adelantó que no iba a admitir en lo sucesivo el uso de "palabras gruesas" entre consejeros.
"Otro golpe bajo". La consejera del Audiovisual Carmen Fernández Morillo reaccionó ayer de nuevo al ataque de Del Barco y Arenzana. En un escrito remitido a este periódico, acusa a ambos consejeros de que "exhibir públicamente y sin ningún pudor un lenguaje tan impropio y machista", y aunque asegura que no pedirá el amparo del pleno considera que la actuación de los dos consejeros "vulnera, como mínimo, los principios básicos y éticos del Código Deontológico del Consejo". "He de recordar -añade- que la realización de este estudio fue aprobada por unanimidad por todos los consejeros".
Del Barco y Arenzana vieron en el escrito un "indisimulable afán carnavalesco" y acusaron a Fernández Morillo de "sacerdotisa de la secta", de "dedicar recursos públicos a pequeños circunloquios" y de "incurrir en una de las formas más torticeras de manipulación y dictadura".
