El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una actuación de oficio para conocer los motivos que han llevado al Ayuntamiento de Sevilla a retirar todos los contenedores de recogida de aceite usado doméstico. En él, Jesús Maeztu advierte de que si la empresa que tenía adjudicada la prestación no funcionada adecuadamente se debe convocar un nuevo concurso, pero que no se puede entender que se deje a toda la ciudad con la única posibilidad de depositar aceites domésticos usados en los puntos limpios existentes en la ciudad. En la resolución del Defensor, recogida por Europa Press, aunque menciona la existencia de cuatro puntos limpios a los que llevar estos aceites, insiste en que supone una enorme dificultad para los ciudadanos y subraya que se va a producir, y de hecho ha tenido lugar ya, un aumento significativo de la evacuación de los aceites usados a lugares inadecuados, lo que, sin lugar a dudas, trae consigo un aumento de la contaminación que pretendían disminuir cuando estos contenedores. En este sentido, Maeztu recuerda que el vertido de los aceites domésticos usados en los desagües y, de ahí, a la red de alcantarillado de la ciudad no sólo genera obstrucciones y malos olores en las cañerías y la propia red de alcantarillado, si no que también suponen una importante agresión para el medio ambiente y aumenta sensiblemente la dificultad y los costes de la depuración de las aguas residuales. Así, sin perjuicio de que se exijan las responsabilidades a que hubiera lugar en función de las cláusulas del contrato con la entidad adjudicataria del servicio, el Defensor considera que, aunque se aceleren los trámites para convocar un nuevo concurso, no se debería haber adoptado una medida tan drástica como la de suprimir todos los contenedores de esta naturaleza en tanto en cuanto comenzara a prestar este servicio la nueva empresa adjudicataria del mismo. Nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Sevilla con objeto de conocer el plazo en que se podría realizar la adjudicación de este servicio, las medidas que se hubieran previsto para evitar que la nueva adjudicataria y las razones por las que se optó por una decisión tan drástica como retirar los 200 contenedores, recalca, insistiendo en que parece que era una decisión más lesiva en sus consecuencias ambientales que las que, por sí, ya provocaba la disfuncionalidad de la retirada de los residuos por parte de la empresa adjudicataria.
En todo caso, cree que si no se ha realizado, debiera haber tenido lugar una investigación policial destinada a identificar, y exigir las responsabilidades de toda índole a que hubiera lugar, las personas que realizaban estas extracciones ilegales de aceite como a los titulares de las empresas que recibieran o se beneficiaran de este vertido ilegal.
El Ayuntamiento, por su parte, ha respondido al Defensor del Pueblo Andaluz que actualmente está en fase de contratación la nueva adjudicación, dejando claro que no se ha sacado el concurso hasta que no se han elaborado unos pliegos que garanticen la correcta gestión del residuo.
