El alza de los precios es una realidad en la economía de nuestro país. Así lo ha puesto de manifiesto el último IPC, que ha revelado cómo los alimentos básicos han incrementado el costo de la cesta de la compra. Y parece que las cosas no van a cambiar en el futuro, al menos en unos meses, como ha declarado el ministro Solbes. Ello augura que éste será uno de los temas estrellas de la infinita campaña electoral que felizmente terminará el próximo mes de marzo. Parece que la situación no es tan grave como quiere pintarla la oposición, pero sí es cierto que afectará en mayor medida a las personas con menores ingresos.
Las causas que han provocado este incremento son muchas, y algunas tienen que ver con factores externos, como el precio del petróleo, consecuencia de la globalización de la economía; pero otras se explican por razones internas, entre las que están los costos de la distribución y la especulación que se acrecienta en tiempos de necesidad. Y muchas son las recetas que se van a dar para paliar la situación. La más original es la del señor Rajoy, que ha prometido directamente bajar los precios de los alimentos, como si ello fuera posible en una economía de mercado en la que la libre iniciativa económica es el pilar sobre el que se asienta la producción y circulación de bienes y servicios; una afirmación todavía más incomprensible al proceder del líder de la oposición, defensor a ultranza del liberalismo económico. De naturaleza diferente es, por el contrario, lo propuesto por IU, y que ha sido asumido por el Congreso, al exigir el doble etiquetado de los productos, donde figure el precio de origen y el de venta, para así informar acerca de su incremento en la fase de distribución. Una medida más realista de los que, sabedores de los límites a la intervención de los poderes públicos en el mercado, quieren al menos acabar con su opacidad.
Y si los precios se disparan se deberán realizar otro tipos de acciones dirigidas, no a bajarlos, sino a paliar sus consecuencias en los económicamente más débiles. Deberá desarrollarse con más intensidad el Estado Social a fin de corregir los desequilibrios entre los ciudadanos. Es decir, el Estado ha de fortalecerse económicamente para dedicar medios y recursos a la satisfacción de las necesidades de los más vulnerables socialmente.
Y aquí viene la otra gran medida de la oposición: eximir de pagar el IRPF a los que ganen menos de 16.000 euros, una medida que justifica el señor Acebes con un razonamiento de libro, de un libro del siglo XIX sobre el Estado liberal: los beneficiarios administrarán mejor estos recursos que los poderes públicos, pues siendo ellos conocedores de sus necesidades los aplicarán con mayor eficacia a su satisfacción. Obsesionado con la vieja idea de la ineficiencia del Estado, olvida que la función recaudatoria tiene una finalidad redistributiva de los recursos, siendo así que los ciudadanos deben contribuir según su capacidad económica para que los poderes públicos puedan cumplir sus fines, entre el que se encuentra, sin duda, la realización de la exigencia de la igualdad sustancial de todas y todos, implementando las políticas necesarias para cumplir con este mandato constitucional.
Rosario Valpuesta es catedrática de Derecho Civil de la Pablo de Olavide
