Obligado por la urgencia de cumplir los tiempos marcados por Bruselas, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros y publicó ayer mismo en el BOE su tercera reforma financiera, diseñada con el beneplácito de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que tiene su figura central en el, según el titular de Economía, Luis de Guindos, "mal llamado banco malo".
En efecto, este banco malo o sociedad de gestión de activos se crea con objeto de agrupar todos aquellos activos vinculados con el ladrillo y que enturbian los balances de las entidades financieras. La cuestión más morbosa, no obstante, qué precio pagará por desalojar esta pesada carga de sus cuentas, es la que queda aún por despejar, a falta del desarrollo reglamentario, especificó De Guindos.
Lo que sí dejó claro es que al banco malo solo le podrán traspasar sus activos tóxicos aquellas entidades que requieran de ayudas públicas y siempre que tengan el consentimiento del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), institución que sale reforzada tras esta reforma y que tendrá una capacidad de endeudamiento de hasta 120.000 millones de euros (cantidad que incluye el rescate europeo de 100.000 millones).
Con la premisa de que el saneamiento del sector financiero "no le cueste un euro al contribuyente", como enfatizó tanto el ministro como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el banco malo mantendrá esos activos tóxicos procedentes en su mayoría de "crédito promotor problemático" durante un plazo de entre diez y quince años, periodo tras el que los venderá. ¿Por qué este lapso? Pues porque "se espera que el ciclo económico se modifique" y se considera que en ese tiempo esos activos "generarán valor" y no se les perderá dinero.
La intención del Gobierno es que ese instrumento -que será una sociedad anónima y tendrá que estar operativo antes de final de noviembre- se sustente con una mayoría de inversores privados, de manera que la participación pública, que se articulará a través del FROB, "sea minoritaria".
"Esta sociedad tiene que ser rentable, por tanto los precios [a los que se compren los activos tóxicos a las entidades financieras] tienen que ser los adecuados para que el banco malo no genere pérdidas a lo largo de su vida. Es lo más importante para minimizar el impacto al contribuyente", aseveró De Guindos.
En ese sentido, abundó en que la política de provisiones -las anteriores reformas obligaban a los bancos a aumentar las reservas por sus créditos más dudosos- facilitará que se cumpla este objetivo. El ministro puso como ejemplo el suelo que atesoran en sus balances las entidades financieras -el activo "más problemático"- y que se ha tenido que provisionar hasta un 80% de su valor. Será, no obstante, el Banco de España el encargado de determinar los precios.
Según los últimos datos, el volumen de créditos inmobiliarios tóxicos que suma el sector financiero se eleva a 180.000 millones -se contabilizan otros 120.000 que no son problemáticos-, pero de esa cantidad hay que descontar los que se incluyen en los balances de las entidades sanas y también aplicar un descuento de precio, para hacerse una idea del volumen que podría gestionar el banco malo.
El pago de estos activos se podrá realizar en efectivo, mediante acciones de la propia sociedad de gestión de activos o incluso deuda, apuntó De Guindos.
Además, como solo estarán obligados a transferir sus activos los bancos ya nacionalizados o que vayan a requerir de ayuda pública, habrá que esperar todavía un par de semanas para conocer qué entidades cumplen esta condición. Será a mediados de septiembre cuando el auditor Oliver Wyman dictamine cuáles son las que necesitan inyección de capital y de cuánto dinero se trata.
El contenido del real decreto incluye además el procedimiento para liquidar entidades financieras inviables y establece hasta tres niveles de actuación, según la gravedad de sus circunstancias.
Así, en un primer estadio se contempla la ayuda a entidades viables pero con dificultades "leves", esto es, que no cumplen los requisitos de solvencia pero podrían hacerlo sin contar con recursos públicos sino con el respaldo de los bonos convertibles en acciones (instrumento conocido como cocos) en un plazo no superior a dos años. Así, el Banco de España, como supervisor, requerirá un plan de actuación y puede incluso sustituir a los miembros del consejo de administración.
El segundo grado de intervención sería la reestructuración, de aplicación a entidades que requieren apoyo financiero público para garantizar su viabilidad, pero que cuentan con la capacidad para devolver ese respaldo en los plazos previstos (un máximo de cinco años y la posibilidad de una prórroga por otros dos ejercicios).
La última fase será la liquidación de aquellas entidades no viables, que pasa a denominarse "resolución", e implica la venta de negocio del banco en cuestión -separando la parte buena de la mala- a un tercero, la transmisión de activos o pasivos a un banco puente o su traspaso a la sociedad de gestión de activos, que tiene tres meses para echar a andar.
LAS CLAVES
¿Por qué tanta rapidez con el Real Decreto? España se había comprometido con Bruselas cuando pidió la asistencia financiera para sanear sus bancos (100.000 millones) a tener aprobada la reforma del sector, que incluía la creación de un banco malo, antes de un plazo que expiraba hoy. Así lo recoge el Memorando de Entendimiento.
¿Qué pretende el Gobierno con estos cambios? El Ejecutivo asegura que esta reforma persigue sanear la banca para que vuelva a fluir el crédito -principal misión de las entidades financieras- y, de paso, dinamizar y "hacer la digestión" del sector inmobiliario, de manera que se favorezca la salida al mercado del stock de viviendas y locales "a precios razonables" y se ayude al crecimiento de la economía y la creación de empleo.
¿Y cómo hacer atractivo el banco malo? Los compradores de los activos inmobiliarios tóxicos de las entidades nacionalizadas por el Estado podrán recibir ayudas públicas, según informaron tras la rueda de prensa del ministro Luis de Guindos fuentes de su departamento. El objetivo es que el FROB (capital público) detente un máximo del 50% del banco malo.
Reestructuración de funciones. Los organismos que asumirán todo el protagonismo serán el FROB y el Banco de España, que sale fortalecido con nuevas competencias en la gestión de crisis bancarias. El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) se limitará a eso, a salvaguardar los ahorros de los clientes hasta los 100.000 euros.
